A partir de hoy, la minería ilegal es tipificada como un delito punible con penas de cárcel en el país, gracias al decreto supremo del Gobierno que motivó las violentas protestas en Madre de Dios que han dejado tres muertos y decenas de heridos.
Esta actividad ilícita, que hasta ahora era solo una falta administrativa en el país, incluye también la exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales que no tengan autorizaciones ni un informe técnico favorable del Ministerio de Energía y Minas.
Además de fijar penas de hasta 10 años de cárcel en la modalidad agravada, el decreto supremo establece mecanismos de formalización para las personas que se ubican en el corredor minero.
"El decreto ya se ha publicado y deja en claro que queremos formalizar con procedimientos muy ágiles, de 12 meses, que responderán a principios de ventanilla única", explicó esta mañana el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
Pulgar Vidal precisó que la distinción entre minería informal y minería ilegal queda clara con la nueva norma. "La ilegalidad que totalmente prohibida. Estamos cansados de ver esas fotos de un ecosistema absolutamente afectado, no hay marcha atrás", agregó.