Conductor de taxi por aplicativo atropelló a miembros de la Policía Nacional y fugó. (Gestión)
Conductor de taxi por aplicativo atropelló a miembros de la Policía Nacional y fugó. (Gestión)

Se estima que en Lima circulan unos 100 mil vehículos que brindan el servicio de por aplicativo como Uber, Taxibeat, Cabify, EasyTaxi, entre otros. Esas unidades realizan al día más de 2 millones de viajes –ida y vuelta– en nuestra capital sin ningún control ni fiscalización de las autoridades.

Así lo afirmó el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, quien señaló que estas apps de taxis, catalogadas como “ilegales” por la Municipalidad de Lima, representan actualmente más del 60% de viajes (el total es de tres millones al día). 

Asimismo, sostuvo que este es un servicio ilegal debido a que la ley que regula el transporte terrestre no habla en ningún momento de taxis por aplicativo. “Tienen sucursales fuera del país; es decir, no son empresas constituidas en el Perú. Por lo tanto, no están en Registros Públicos”, dijo.

Según María Jara, representante de la fundación Transitemos, en la capital existen aproximadamente 90 mil taxis formales, inscritos en los padrones del municipio de Lima, y unos 70 mil taxis informales, la gran mayoría de estos últimos –dijo– efectúan el servicio a través de aplicativos.

“El aplicativo no es malo, lo malo es cuando el usuario es afectado por choferes que no están habilitados para dar el servicio, cuando no tienen licencia profesional y cuando usan vehículos sin el SOAT adecuado. Es por ello que este servicio debe ser regularizado por la comuna limeña”, manifestó.

Buscan canalizarlo
Es ante la informalidad de este servicio y las denuncias de actos delincuenciales cometidos contra pasajeros de estos taxis que el congresista Miguel Elías Avalos (Fuerza Popular) ha presentado un proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Plataformas Tecnológicas para el Servicio de Transporte Privado.

El parlamentario indicó a Perú21 que se ha planteado establecer un registro único para controlar el citado servicio. “Este proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa del Consumidor y estimo que se agendará la próxima semana para su debate”, indicó.

La iniciativa legislativa señala que las empresas operadoras de plataformas tecnológicas deberán contar con al menos una oficina administrativa en el país. Ello, debido a que la mayoría de estas son manejadas desde el extranjero (Colombia y España).