En abril de este año, cuando la Policía Nacional del Perú incautó un arsenal de armas en Carabayllo (entre ellas granadas), nos preguntamos de dónde habían aparecido tantas armas.
En ese entonces recurrimos a un reporte de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) del 2013. Ahí decía que un 1/3 de las armas incautadas a delincuentes provienen del mercado legal.
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El 15 de setiembre (hace una semana) un oficial del Ejército Peruano y dos subalternos fueron detenidos por la adulteración de actas de entrega de granadas y municiones que estaban destinadas a cuarteles de Lima, pero que nunca llegaron.
En ese momento, el ministro de Defensa Jakke Valakivi informó que estos señores ya estaban en manos de la Policía (vía El Comercio):
"Lamentamos profundamente que malos elementos del Ejército puedan estar conformando una red de corrupción y trafico ilícito de armamento. Se trata de manipulación y adulteración de actas de entrega en material, en particular municiones y granadas, que no habían llegado a su destino".
¿Recuerdas todas las granadas que han aparecido en Lima estos últimos días? Al 18 de setiembre nosotros contamos 14 explosivos encontrados en menos de 6 meses. Esto parece ser consecuencia de la red a la que hace referencia Valakivi.
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El problema es que estos tres militares, que en principio fueron detenidos, actualmente se encuentran libres por negligencia del Ministerio Público y del Poder Judicial según dijo la procuradora pública del Ministerio de Defensa Sara Evelyn Farfán:
"Creemos que con todas las diligencias que se han actuado podemos solicitar un pedido de detención preliminar que desde un primer momento pudo haber sido ejecutado por el Ministerio Público. Pero de nada va a servir que nosotros estemos propiciando, impulsando, cautelando el proceso si tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no hacen su parte. Todas las instituciones tenemos una responsabilidad".
Los tres sospechosos debían presentarse este martes a brindar su declaración, pero uno de ellos no acudió por lo que existe riesgo de fuga. ¿Por qué no se les dio prisión preventiva? Eso es lo que la procuradora no logra explicarse aún.