La lucha contra la inseguridad ciudadana y la declaratoria del estado de emergencia para dos distritos en Lima y Sullana, Piura, sigue generando polémica.
Ayer, el Ejecutivo aflojó la chequera y giró 54.5 millones de soles para las acciones de prevención, fortalecimiento de la labor policial y la administración de justicia.
La presidenta Dina Boluarte explicó que se destinarán S/15 millones para los municipios afectados y que, según el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes —que llegó hasta Palacio de Gobierno con otros colegas— les permitirá a las comunas contratar más efectivos de Serenazgo así como instalar cámaras de videovigilancia.
La medida, sin embargo, causó desazón en otros burgomaestres capitalinos quienes insisten en que sus distritos también sean comprendidos en la medida aprobada por el Ejecutivo.
Desde la mancomunidad del sur, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo invocó la presencia de los militares en las calles de su jurisdicción. Explicó que solo 254 efectivos policiales y 500 serenos protegen la vida de más de 550 mil habitantes.
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Detalló que de los 140 detenidos en el año, el 30% son personas de nacionalidad venezolana, otros 30% son menores de edad, razones por las cuales justificó su pedido al Gobierno.
Similar temperamento manifestó Eloy Chávez, alcalde de Villa María del Triunfo, quien dijo que en su comuna hay un policía por cada mil habitantes.
Sabía que
Se destinará 19 millones de soles para fortalecer la labor policial. Ocho millones de soles irán al Ministerio del Interior para implementar una brigada especial contra el crimen en la provincia de Sullana, en Piura, y otras cuatro en Lima.