En mayo de este año, el Pleno del Congreso aprobó la ley que crea el Registro de Personas Condenadas por Delitos Sexuales o Delitos Violentos contra Mujeres y Menores de Edad. El dictamen buscaba que se haga pública la identidad de estos agresores. Sin embargo, el Ejecutivo decidió observar la autógrafa y la devolvió al Parlamento. ¿Por qué?
El presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó ayer que si bien está de acuerdo con que se revele los datos de los atacantes sexuales, no está a favor de que se exponga la identidad de las víctimas.
“Estamos de acuerdo con la creación de un listado con los datos de los agresores sexuales, pero no con que el expediente completo sea de conocimiento público porque no queremos exponer a las víctimas”, indicó.
Por esta razón, solicitó a las comisiones del Congreso que evaluaron y aprobaron esta propuesta –de la Mujer y de Justicia– que la modifiquen para que se omita la divulgación de los nombres de las personas afectadas.
“Queremos preservar a las víctimas. Es una posición clara que tenemos desde el Ejecutivo y seguiremos trabajando en la lucha para combatir la violencia de género”, enfatizó Martín Vizcarra.
DERECHO A LA INTIMIDAD
Al respecto, la abogada Rosario Sasieta explicó que para la elaboración de un registro con los datos de delincuentes no es indispensable citar a las víctimas. Es más, estas tienen derecho a permanecer en reserva frente a la sociedad.
“Este registro es una herramienta fundamental para el ciudadano. Sin embargo, no es necesario incluir a los afectados, pues tienen derecho a reservar su identidad”, sostuvo.