Es cierto. El asesinato cometido por un limpiaparabrisas –que mató a un taxista en el Cercado de Lima– es repudiable, desde cualquier punto de vista, y merece la máxima sanción que nuestras normas contemplen. ¿Pero se debe iniciar una cacería de brujas por este hecho?
Ya la polémica se ha encendido. Y una de las voces en referirse a este tema fue la del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, quien ayer dijo: “Son trabajos informales, pero tampoco hay que estigmatizarlos. Los hechos que han ocurrido son lamentables, dolorosos. Pero no todas las personas que se dedican a este oficio pueden ser calificados como presuntos asesinos”.
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Desde su perspectiva, la solución que plantean los alcaldes de Surco, Carlos Bruce, y de Lima, Rafael López Aliaga, de prohibir la actividad, “es la solución para quien busca la seguridad, pero no es la solución para quien tiene que generarse un empleo para subsistir”.
Adrianzén consideró que debe haber mayor control a las personas que se dedican a esta actividad. También señaló que los municipios deben empadronarlos.
Otra fue la posición del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Aliaga. “Mi total respaldo al alcalde de Lima por la disposición para evitar situaciones como esa. Es muy lamentable y controlar esto es una decisión acertada. En nuestro país no se puede seguir asesinando a la gente y vivir con la sensación de inseguridad, incluso cuando uno maneja su vehículo”, refirió.
REGULACIÓN
Para el abogado laboralista Jorge Toyama, la medida restrictiva que se pretende aplicar es desproporcionada y atenta contra la libertad constitucional al trabajo. “Yo creo que pueden regularla. Pero prohibirla, creo que puede afectar la libertad de trabajo”, declaró a Perú21.
Sostuvo que la regulación de esta actividad es la fórmula que permite conciliar el derecho al trabajo con el derecho ciudadano a la seguridad. Refirió que este trabajo es similar al que realizan los vendedores ambulantes. “Es un trabajo independiente, como el de los ambulantes. Es el ejercicio de su libertad de trabajo”, aseveró.
Otra autoridad que se mostró en contra de la prohibición fue el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. “No se puede calificar a todos por un acto reprochable y que, desde luego, todos tenemos que estar en contra”, recalcó.
Por su parte, el alcalde de La Victoria, Ruben Cano, anunció que su comuna se sumará a la iniciativa del burgomaestre de Surco, Carlos Bruce, y que en la próxima sesión del concejo plantearía una norma para erradicar el trabajo de los limpiaparabrisas.
En tanto, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, señaló que su comuna fue la primera en prohibir esta labor y que detrás de estas personas hay mafias que amenazan a los conductores.
Finalmente, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, anunció que aplicará esta restricción en determinadas arterias.
SABÍA QUE
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