De acuerdo con la ley y el Reglamento de Tránsito, los municipios distritales no tienen la autoridad para llevar a los vehículos mal estacionados al depósito y menos colocarles cepos, como viene ocurriendo en capital, advirtió el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
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Enfatizó que algunas municipalidades están cometiendo abuso de autoridad al obligar a los conductores a pagar sumas de dinero para retirar sus vehículos del depósito.
“Los municipios solo pueden mover los vehículos a otro lugar, salvo que la Policía de Tránsito intervenga, debido a que el conductor ha abandonado la unidad en un lugar que afecta a los demás”, dijo.
Sin embargo, acotó que ahora muchas alcaldías se amparan en la Ley de Municipalidades para tener un sistema de grúas y trasladar a los vehículos mal estacionados a los depósitos, lo cual puede buscar el orden en el distrito, pero no es legal.
La Defensoría del Pueblo coincidió en que corresponde a la Policía ejecutar las medidas de internamiento de autos estacionados en zonas rígidas, de acuerdo con las regulaciones de cada municipalidad provincial y las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito.
La jefa del Área de Servicios Públicos de la Defensoría, Gloria Montoya, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Municipalidad de Lima que interpongan acciones legales contra los municipios distritales que dictaron ordenanzas que vulneran los derechos de las personas.
Indicó también que han solicitado al MTC y al municipio metropolitano que instruyan a dichas alcaldías sobre sus competencias en materia de tránsito. Insistió en que el control del tránsito corresponde a la Policía Nacional y a las comunas provinciales.