Ley de Censos: ¿Qué dice sobre la confidencialidad de la información brindada el domingo?

El Censo 2017 realizado este domingo en todo el Perú está lejos de considerarse como exitoso. Las denuncias sobre maltratos a empadronadores e incluso, la violación a una de ellas, sumado a los miles de ciudadanos que se quedaron sin ser censados aproximan la jornada a la palabra fracaso. Como si fuese poco, se armó una polémica por un convenio firmado por el Instituto Nacional de Informática (INEI) —encargada del censo— con la Universidad César Vallejo.

El cuestionamiento salió de manera natural. Un grupo de stickers puestos a las viviendas censadas y una serie de polos utilizados por empadronadores llevaban el logo de dicha universidad, la cual es propiedad del ex candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

Pronto se supo que esta casa de estudios mantenía un convenio firmado en marzo de 2017 con el INEI. La duda saltó a la vista: ¿No es peligroso —por decir lo menos— que un potencial candidato presidencial tenga información sobre todos los peruanos?

En específico se cuestionó el punto a de la clausula cuarta del convenio, donde el INEI se compromete a "entregar la base de datos con los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de v Vivienda y III de Comunidades Indígenas". 

Convenio con la UCV

Con el cuestionamiento encima, el INEI señaló rápidamente que el convenio firmado con la UCV no era, si no, uno más de la larga lista de acuerdo firmado con instituciones educativas. Por ejemplo, se firmó acuerdos similares con la Universidad Mayor de San Marcos y con la Universidad del Pacífico.

Por su parte, la UCV lanzó un comunicado donde expresa que el acuerdo firmado con el INEI "es estrictamente académico: contar con información para los académicos, investigadores, docentes y alumnos, con respeto irrestricto a la confidencialidad de los datos personales como corresponde de acuerdo a ley".

Como bien mencionan ambas instituciones, solo podrían compartir información académica, mejor dicho, datos generales. La ley peruana así lo exige, ya que de lo contrario, cometerían una grave infracción que tiene sanciones detalladas en la Ley de protección de datos personales

El 1 de junio de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó las normas para la realización de los Censos que se llevaron a cabo el último domingo. El capítulo III, titulado "Del secreto de los datos censales", habla justamente de la imposibilidad de compartir los datos recogidos.

"Los datos censales son de carácter secreto. Ningún funcionario del Censo o tercera persona puede revelarlos en forma individualizada, aunque mediare orden administrativa o judicial", señala el citado capítulo.

"Los resultados estadísticos solo podrán ser divulgados o publicados oficialmente en forma innominada, de manera que nadie pueda saber o identificar a que persona o unidad de vivienda corresponden dichos datos."

Lo publicado por PPK no es nuevo, de hecho en la Ley de Censos, publicada en 1959, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, fue donde se estableció dicha medida. La norma también se encuentra en el Reglamento de Organización y Función del INEI.

Información Innominada

De acuerdo a la RAE, por información innominada se entiende la data que no tiene nombre especial, es decir, los datos entregados a la UCV tendrían que ser generales. Lo que no se entiende, y tampoco ha sido explicado a detalle por la universidad o el INEI, es por qué se especifica en el convenio la entrega de "base de datos con los resultados definitivos del censo". 

Por ejemplo, las bases del último Censo, ocurrido en 2007, son de acceso público y se encuentran en la página web del INEI. No se necesita ningún tipo de convenio para revisarlas. ¿Por qué la UCV necesitaría uno?

Esta interrogante es replicada por el abogado Erik Iriarte. “El problema es que cuando firma un convenio como el de la Universidad César Vallejo (UCV) donde se va a hacer entrega de toda la base de datos, no especifica si la base de datos se refiere a la que va a ser pública porque si fuera la base pública no hay necesidad de hacer un convenio dado que cualquiera puede acceder a ella”, cuestiona.

Todas estas explicaciones las tendrá que dar el director del INEI, Aníbal Sánchez, quien ya fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso por este motivo.