La Ciudadela de Caral en peligro por culpa de ocupaciones ilícitas

La Ciudad Sagrada de Caral-Chupacigarro, primeros centros urbanos de América con 5,000 años de antigüedad, está en peligro. Los sembríos agrícolas y otras manifestaciones como ampliaciones de posesiones y temas de usurpación de tierras en su perímetro –en el valle de Supe, provincia de Barranca– hacen temer la desaparición de evidencias arqueológicas en la zona.

El pasado 7 de enero, un juez ordenó el desalojo de un terreno dentro de Chupacigarro para cumplir la sentencia del proceso de reivindicación a favor del Estado peruano, seguido contra el ciudadano Alejandro Ramón Solís Saavedra, hijo del primer posesionario del sitio arqueológico, que pretende que se le reconozca la propiedad del predio.

El terreno donde se encuentran los sitios arqueológicos Caral (Ciudad Sagrada de Caral-Supe) y Chupacigarro fue inscrito como propiedad estatal por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) en enero de 2005. En noviembre de 2006, la SBN transfirió el terreno al Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). La propiedad y la titularidad del predio está inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) desde el año 2006.

LOS REGISTROS

Registros fotográficos del año 1943 permiten observar que Caral y Chupacigarro se conservaban sin invasión ni destrucción alguna. Datos recogidos por los administradores de la ciudad sagrada señalan que es recién a inicios de la década de 1970 que el señor Rosario Solís López (quien no fue beneficiario de la reforma agraria) abrió un canal de riego al norte de los terrenos arqueológicos de Caral y lo expandió en red sobre Chupacigarro, donde empezó a cultivar, lo que afectó las evidencias arqueológicas. A esa invasión, que dañó los sitios arqueológicos, le colocó el nombre de Irrigación El Rosario.

Su descendiente Alejandro Solís alega que posee el terreno desde 1985 y que lo adquirió 10 años después, razón por la cual reclama que se declare la “prescripción adquisitiva” a su favor.

Sin embargo, el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), que otorgó los títulos de propiedad a los agricultores del valle de Supe en los años 90, no dio ningún título de propiedad a los ocupantes de sitios arqueológicos, ciñéndose a la imprescriptibilidad de esos terrenos.

A través de un comunicado, los responsables de la ciudad sagrada han hecho hincapié en que Solís Saavedra no reside en el terreno arqueológico materia del desalojo, y que no cuenta con ningún título de propiedad que le permita permanecer en el terreno estatal y realizar negocios agrícolas, que continúan afectando las evidencias arqueológicas.

HASTA MAYO

Lo cierto es que la diligencia de desalojo se frustró el 7 de enero. Los administradores de Caral indicaron que una turba de aproximadamente 60 personas, que no residen en el lugar, bloquearon el camino en varios puntos, e impidieron el paso de 106 efectivos policiales, quienes permanecieron sin actuar al respecto. Ante esta situación, el juez del caso, César Macedo Figueroa, el procurador Henmer Alva Neyra y el abogado de la parte sentenciada acordaron suspender la medida hasta el próximo 31 de mayo.

Precisaron que un requisito clave para que un sitio arqueológico sea declarado Patrimonio Mundial es que el Estado parte (en este caso el Perú) garantice su adecuado manejo, coherente con la preservación de sus valores universales excepcionales. El desarrollo de cualquier otra actividad que pueda afectar la conservación de estos valores (como la destrucción de las evidencias arqueológicas causada por la agricultura) hace peligrar la continuidad de esta nominación.

LO QUE SE VIENE

El directorio de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) respondió las inquietudes de este diario. ¿Qué pasará en adelante? Indicaron que seguirá insistiendo en que se cumpla la sentencia que ordena al señor Alejandro Solís su retiro del terreno arqueológico de Caral-Chupacigarro.

Pese a las amenazas contra sus principales voceros, el directorio reiteró que continuará respaldando la labor de sus colaboradores: profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares, desplegados en los valles de Supe y Huaura.

DATOS

• El Primer Juzgado Civil de Barranca ordenó el desalojo en la zona de afectación arqueológica.
• El día del desalojo se reportó un incidente en Chupacigarro. El arqueólogo Daniel Mayta fue agredido violentamente. Ya se puso la denuncia en la comisaría del sector.

VIDEO RECOMENDADO