En octubre, el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima Norte decidió dictar prisión preventiva para 16 miembros de la Policía por el presunto delito de tráfico de drogas.
A los inculpados, detenidos el 18 de setiembre, se les acusa de haberse apoderado de droga incautada a detenidos durante sus intervenciones en flagrancia y luego revenderla en el mercado negro.
Los policías apelaron, pero el 1 de diciembre la segunda sala penal de apelaciones de la Corte de Lima Norte confirmó la resolución dictada en primera instancia. Los agentes laboraban en la comisaria Sol de Oro y en la Depincri de Jesús María, Lince y de San Martín de Porres.
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Unos días después de esta segunda resolución, el representante legal de los agentes encarcelados Luis Castro Valdez, Daniel Gutiérrez Murillo y Paul Ríos Fernández presentó una demanda de Habeas Corpus. Esta llegó al despacho de la juez de garantías Katherine Villafana Maldonado quien el 14 de enero decidió declarar fundado. Los argumentos de Villafana para hacerlo giran alrededor del uso excesivo de la prisión preventiva en el país.
De esta manera, los tres implicados en el robo y reventa de droga incautada por la PNP quedarán libres en las próximas horas.
Según información del Colegio de Abogados del Callao, institución en donde Villafana tiene inscrita su colegiatura, a la magistrada se le abrió un proceso el 23 de octubre por haber transgredido las normas estatutarias del Ilustre Colegio de Abogados del Callao (CAC), al no contar con título de abogado debidamente inscrito ante la SUNEDU.
La Procuraduría Antidrogas ya presentó una queja a la decisión de la jueza Villafana que pone en peligro la investigación que se lleva contra los 16 miembros de la Policía.
Fuentes de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte señalan que a la magistrada se le anuló la designación el lunes 18 de enero.