El Poder Judicial indicó que transfirió formalmente el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Sinarsac), a cargo de la Gerencia de Centros Juveniles, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
El acta de formalización de la transferencia fue firmada este miércoles por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1299.
Prado Saldarriaga explicó que son 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR) de medio cerrado y 25 centros de orientación al adolescente (SOA) de régimen abierto de Lima y del interior del país donde son atendidos los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Señaló que más que una transferencia es “un proceso para crear un mejor tratamiento, alternancia y esperanza en favor de los menores de edad en conflicto con la ley penal”.
Por su parte, Zeballos Salinas expresó que buscarán desterrar la premisa de que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’, es el paso previo al penal de Lurigancho. “Nuestro objetivo es que nunca pisen un penal”, indicó.
Según el documento, serán transferidos los CJDR de Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo.
Asimismo, los SOA de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.
La transferencia también comprende a los 236 agentes de seguridad que laboran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 (CAS), de los cuales 89 prestan servicios en los CJDR y SOA, además de los recursos económicos para el pago de sus remuneraciones en noviembre y diciembre próximo.
