Redacción PERÚ21

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El Poder Judicial de exigió a las autoridades policiales y del Ministerio Público que hagan una exhaustiva investigación que permita conocer a los autores del asesinato a balazos del juez de paz Visente Contreras Barros (45).

A través de un comunicado, también pidió que se esclarezcan las causas del execrable crimen ejecutado ayer por sicarios en la oficina del magistrado, ubicada en el centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco, en .

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El alcalde de Huanchaco, José Ruiz, por su parte, lamentó este tipo de ataques y aseguró que en dicho centro poblado hay grupos criminales dedicados a la extorsión y el tráfico de terrenos, por lo que solicitó la construcción de una comisaría en este sector. "Solo hay tres policías, en un puesto de auxilio rápido, para 40 mil habitantes", sostuvo.

El burgomaestre también aseguró que se reunirá con el jefe policial de La Libertad, general Lorenzo Granados, para solicitarle más reguardo.

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Violeta Vega, esposa del magistrado, en tanto, exigió justicia y confirmó que su cónyuge no contaba con seguridad. "Era una persona muy querida, por eso pido que se dediquen a capturar a los asesinos y se haga justicia. Toda autoridad necesita un respaldo, por lo que los jueces de paz deberían tener protección", dijo.

El juez superior decano de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Tomás Padilla, a su turno, precisó que se reunirán con los jueces de paz para tomar precauciones ante posibles atentados. "Conocido este hecho, se tienen que tomar precauciones. Estamos en momentos difíciles en cuanto a la seguridad. La vida no vale nada para algunas personas", manifestó.

TOMARÁN MEDIDAS

Finalmente, Padilla informó que a la fecha no hay reportes de intimidaciones a jueces de paz.

El juez Visente Contreras habría sido asesinado por orden de traficantes de tierras porque hace un mes participó en un desalojo de 30 personas en el sector El Huerto, en Huanchaco.

Datos

Según los deudos, el magistrado, que había siso reelegido, era amenazado de muerte por estas personas desde hace dos semanas. Pese a ello, no denunció las intimidaciones a la Policía.

Alan Benites (abenites@peru21.com)

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