Redacción PERÚ21

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El (IPYS) alertó hoy sobre las Perú21 en el caso de la periodista Gina Sandoval, editora de este diario, cuya orden de captura se sustenta en un documento policial apócrifo.

"El diario Perú21 mostró la documentación falsa que sirvió de base a una orden judicial de detención contra la editora de economía de la publicación, Gina Sandoval, por supuesta complicidad en un delito de difusión de secretos de estado en un proceso contra el exredactor del diario Rudy Palma", señaló la institución.

Tal como el el pasado 4 de mayo, a Sandoval se le vinculó al caso Palma, despedido del diario y con un proceso judicial por violación de las comunicaciones porque interceptó correos electrónicos de varias autoridades. Además se le imputó otro delito, hasta ahora no sustentado, por difusión de secretos de estado, asumiendo que dos de los 500 documentos obtenidos ilegalmente fueron usados para notas que firmó.

La jueza Delia Flores, encargada del Juzgado Penal de Turno, emitió una orden de detención contra la editora por el solo hecho de haber sido jefa de Palma, sin indicio ni evidencia alguna de que hubiera incurrido en delito, sin haber sido incriminada por Palma y sin haber sido citada previamente, agrega IPYS.

"Ahora Perú21 puso en evidencia las arbitrariedades cometidas por el equipo del comandante de la Policía Luis Eduardo Lazo Fernández, el fiscal provincial William Montes Malpartida y la jueza Delia Flores, a quien a partir de las irregularidades del proceso contra la editora, la Oficina de Control de la Magistratura le abrió incluso una investigación"

Cabe indicar que fuentes policiales señalaron que el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, presionó a la Policía para que mantuvieran la detención contra Palma y se ampliara a otras personas (como Sandoval), algo que el comandante Lazo no ha negado ni afirmado al ser interrogado por Perú21.

Otra irregularidad la advirtió el abogado asesor del IPYS, Roberto Pereyra, quien sostuvo en el programa Tribuna Abierta que el Ministerio Público anunció más incriminaciones por Twitter, horas después de ordenar la , en un acto ajeno a su rutina y contrario a ley, pues debe de mantener reserva en las investigaciones.

"Pereyra declaró que Palma le dijo a dos abogados de su estudio que lo visitaron en prisión que ha recibido la sugerencia de los órganos de persecución penal para que se acoja a la figura de la confesión sincera, lo que supone brindar información adicional que involucre a más personas, algo que podría interpretarse como una forma de presión", advierte IPYS.