El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, se mostró en total desacuerdo con la disposición del director del penal de Lurigancho, Tomás Garay, quien obligó a los internos a raparse el cabello para evitar que fuguen vestidos de mujer.
"En esta medida no la respaldamos (…) Nadie puede obligar a otra persona a este tipo de medidas sin su consentimiento", dijo el funcionario a RPP.
Pérez Guadalupe contó que el Consejo Nacional Penitenciario envió una carta al coronel Garay con algunas recomendaciones sobre el trato a los reclusos, luego de conocer este caso. Refirió que este tipo de medidas solo son permitidas en casos de epidemias.
Finalmente, el jefe del INPE indicó que se debe guardar proporcionalidad en las acciones que se tomen sin mellar en la dignidad de los internos.
La Defensoría del Pueblo consideró que esta norma no es objetiva, razonable y proporcional, y que no solo configura un trato humillante y degradante, sino que también afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad e integridad física de las personas.