Incendio en Las Malvinas: Exigen al Ministerio del Trabajo que fiscalice empleos suicidas

El incendio en Las Malvinas, en el Cercado de Lima, dejó en evidencia las pésimas condiciones en las que laboran algunos trabajadores en el Perú.

Es el caso de Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años de edad, y Jovi Herrera Alansa, de 21, quienes se encuentran atrapados en el cuarto piso de la galería Nicolini, junto a otras personas. Sus familiares alertaron que la dueña del negocio tenía por costumbre encerrarlos con candado cuando se encontraban trabajando y que por esta razón no pudieron evacuar el edificio en llamas.

La vicepresidenta nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, señaló a Perú21 que estos trabajos precarios, que no ofrecen ni la más mínima garantía de seguridad, son algo muy parecido a la esclavitud: "Pensamos que la esclavitud había terminado, pero no. Los trabajadores hoy están viviendo una esclavitud, trabajando por más horas de las permitidas, encerrados bajo llave y sin las condiciones mínimas de seguridad".

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Sifuentes recordó que la informalidad en el Perú —que supera el 80%, según las cifras del INEI— genera un escenario más peligroso dado que no existe ningún contrato que defina condiciones ni obligaciones de parte de los empleadores.

"Estos trabajadores no tienen nada. No tienen contrato, no tienen salario mínimo, no tienen un pago adecuado, menos tiene seguro social ni protección legal para trabajar (…) El ministro del Trabajo dice que hay crecimiento de trabajo, ¿pero en qué condiciones?", preguntó Sifuentes.

La sindicalista Carmela Sifuentes agregó que el Ministerio del Trabajo le ha quitado a la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) —a través de decreto supremo— la facultad de fiscalizar e inspeccionar. A esta exigencia se sumó, mediante un comunicado, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López.

"Este encierro con llave en el centro de trabajo linda con el secuestro y como tal los empresarios deben ser juzgados. El Gobierno no ha aprendido nada del incendio en Larcomar en noviembre de 2016, donde fallecieron otros trabajadores", señaló.

Además, sostuvo que el Gobierno quiere modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, restándole multas y responsabilidades a los empresarios, en vez de fortalecer esta herramienta que, según argumenta, ayudaría a salvar vidas en el centro laboral.

"Estas muertes deben enseñarles al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y al presidente Pedro Pablo Kuczynski que los trabajadores se juegan la vida trabajando", sostuvo por escrito.

Por otro lado, el gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, Cristian Rosenthal, dijo que se presentará una denuncia penal contra José Enrique López, gerente general de la empresa JPEG SAC, y Juan Manuel Polar de Rivera, apoderado legal, por desobediencia a la autoridad y exposición de personas al peligro.