El primer ministro Salomón Lerner y las autoridades de Cañete llegaron a varios acuerdos respecto a la pretendida ampliación del penal de La Cantera, la cual es rechazada por la población y que motivó la toma de carreteras.
Uno de los acuerdos es que el Ministerio de Justicia cancelará las obras de ampliación de la referida cárcel. Sin embargo, sí se podrá continuar con las mejoras de las cocinas, aulas, talleres y auditorios, así como la seguridad y salubridad del establecimiento penitenciaro.
Lerner indicó que tiene que ser atendido el pedido para que los reos de Lima o Ica internados en la cárcel de Cañete puedan ser trasladados a sus lugares de origen y así sus familiares no tengan que hacer largos viajes a esa provincia para visitarlos.
Del mismo modo, el viceministro de Justicia, Jiménez Mayor, aceptó el pedido de las autoridades cañetanas para reducir progresivamente el número de internos en el penal La Cantera, que alberga actualmente a más de 3,200 presos pese a que fue construido para alojar a 820.
Esto iría de la mano con una disposición para destinar el establecimiento penitenciario solo a reos domiciliados en Cañete, enviando a los reos foráneos a sus lugares de origen.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a convocar, en un plazo no mayor de 15 días, a los sectores Salud, Educación y Economía y Finanzas, para ver una posible asignación de recursos para el funcionamiento de la Universidad Nacional de Cañete, la construcción de un Hospital Regional y la sanción a involucrados en actos de corrupción.
La cita tuvo lugar en la sede de la PCM y en ella participaron, además de Lerner y Jiménez Mayor, el presidente regional de Lima, Javier Alvarado; la alcaldesa provincial de Cañete, María Montoya Conde, otras autoridades cañetanas y el presidente del Fredec, Ítalo Maldonado.