La empresa Doe Run (DR) ha planteado diversas condiciones para reestructurarse con miras a reiniciar sus actividades en La Oroya, como el hecho de que exija al Estado que asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EEUU) por los afectados de la contaminación en La Oroya contra Renco, el principal accionista de DR.
"Esa solicitud de arbitraje es algo que rechazamos tajantemente. Doe Run tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados", dijo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
Al respecto, mencionó que la empresa también ha iniciado un proceso de impugnación contra el Estado como acreedor y otras medidas más que también son rechazadas por parte del Gobierno.
"Como dijo el propio presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas, exigimos que cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias", sostuvo durante un evento por el cambio climático.