Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, aseguró que los trabajadores afectados por el de la minera Doe Run , ya que la nueva empresa que ingrese a operar el complejo metalúrgico de La Oroya, el mayor del país, deberá encargarse del pago de remuneraciones y el respeto de sus derechos laborales.

"Vamos a instruir este caso para que la empresa que se va a nombrar en las próximas semanas incorpore como obligación el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y mantener la operación del negocio en forma conjunta, es decir, no solo La Oroya sino también la mina Cobriza", dijo.

Merino detalló que, como Doe Run es una empresa privada, el proceso está en manos de Indecopi y no del Estado, el cual . "Este es un proceso concursal que no maneja el Estado (y) toma tiempo, durante ese tiempo pedimos calma a sus trabajadores", añadió.

Para el Gobierno, el compromiso es que La Oroya vuelva a funcionar con garantías de respeto al medio ambiente y a la población afectada por la contaminación y, además, que se garantice la estabilidad de sus empleados. "Tenemos todo el interés, como acreedores, de que se reinaugure con un plan de reestructuración serio", concluyó.