La Fiscalía ha solicitado a la Contraloría General de la República que le envíe un informe sobre las presuntas irregularidades, de naturaleza penal, que se habrían detectado en los contratos de concesión y que permitirían el alza del pasaje en el Metropolitano.
Como es de conocimiento público, cuatro de los cinco operadores del mencionado sistema vial acordaron incrementar la tarifa, la misma que pasará de S/2.50 a S/2.85 a partir del miércoles 7 de noviembre, pese a que el servicio no ha mejorado y a la queja de miles de usuarios.
El Ministerio Público señaló que “a través de los medios de comunicación” ha tomado conocimiento que la Contraloría realizó acciones de control a los mencionados contratos, en relación al “incremento injustificado de tarifas” en los pasajes. También hace referencia a los peajes.
Ya la Contraloría había manifestado, en un documento enviado a la Municipalidad de Lima el 29 de octubre, que las variables empleadas para justificar el incremento de la tarifa “no corresponden a los índices de actualización del pasaje establecidos en el Anexo Nº 6 de los Contratos de Concesión”.
Entre estas variables se encuentran el aumento de las remuneraciones del personal, el mantenimiento de los buses y el precio del gas natural. Todo esto ha sido consignado en el acta del 26 de octubre, en la que se decidió el alza del pasaje.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que tanto la comuna limeña como los operadores “han distorsionado el contrato en perjuicio de los usuarios” y que “mediante adendas se ha suprimido la posibilidad de sancionar a las concesionarias por establecer un pasaje que exceda el precio máximo de las fórmulas contractuales”.
Este aumento debió haberse aplicado desde el 1 de noviembre. Sin embargo, esta medida fue pospuesta debido a que el operador de recaudo ACS Solutions adujo que no podía implementarse por factores técnicos.