La primera intervención se efectuó el 25 de setiembre con la presencia del fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. Entonces, se verificó el funcionamiento de la planta de tratamiento y las condiciones de dotación del servicio de agua potable a fin de evitar delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y la omisión o demora de actos funcionales.