Fiscales y jueces se culpan por posible liberación de narcotraficantes

En 16 días, ocho narcotraficantes implicados en el mayor decomiso de droga de los últimos tiempos (más de 7 toneladas de cocaína) podrían salir en libertad tras haber cumplido 36 meses de prisión preventiva. La razón: mientras los fiscales contra el Crimen Organizado han denunciado que el Poder Judicial les denegó la ampliación de detención de los procesados, ayer los jueces respondieron que esto no procede debido a que la ley no es retroactiva.

Este caso comenzó el 25 de agosto de 2014 con la captura de una mafia internacional que enviaba clorhidrato de cocaína en carbón, con destino a Europa y Estados Unidos. En ese momento se detuvo a los mexicanos Rubén Larios Cabadas (33) y Jhoseth León Gutiérrez, y a otros seis peruanos.

Tras su detención, según explicó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, se les dictó 18 meses de prisión preventiva que culminaron en febrero de 2016.

En ese momento se solicitó una ampliación de detención por el mismo tiempo, que vence este 24 de agosto. No obstante, al ser considerado un caso complejo –debido a que se esperaban informes de otros países–, la citada Fiscalía pidió una nueva extensión del plazo.

La jueza Zaida Pérez Escalante, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Penal, emitió una resolución a favor de la ampliación. Tras ello, la defensa de los investigados apeló ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, y esta revocó dicha medida.

Esto motivó la denuncia pública de los fiscales, a la que se sumó el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien invocó al Poder Judicial evitar que los narcos salgan libres.

La mañana de ayer, el juez Octavio Sahuanay Calsín, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, salió a defender la resolución judicial.

Explicó que en este caso no procede la adecuación de la Ley 274 (que permitiría una extensión del plazo de investigación) debido a que, al momento de la captura de los presuntos traficantes, dicho dispositivo no estaba vigente. "Nosotros hemos interpretado una prohibición que establece el Código Procesal Penal. No podemos aplicar (la ley) de forma retroactiva", sostuvo.

Además, precisó que la Fiscalía había argumentado que requería más tiempo para culminar las diligencias. Sin embargo, tras la resolución emitida por este tribunal, el último 18 de julio presentó la acusación fiscal.

Mientras esto sucede, se espera que en los próximos días la Corte Suprema se pronuncie respecto al recurso de casación que presentó la Fiscalía contra la última resolución. "Habiendo dos interpretaciones de dos salas superiores, será la Corte Suprema la que decida cuál de las dos prima", señaló el juez Sahuanay.