Policía los capturó pues está segura que son culpables. (Nancy Dueñas)
Policía los capturó pues está segura que son culpables. (Nancy Dueñas)

Redacción PERÚ21

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La peruana Dina Felicitas Palomino Quicaño y el italiano Giovanni Sansone y Victoria se conocieron y se casaron en el Perú. Luego de vivir en Italia, sintieron deseos de regresar a nuestro país para tener un hijo, pero –por diversas razones– no pudieron.

Por eso, la mujer contactó con su sobrino Paul Palomino Cordero (33) y con la conviviente de él, Isabel Zenaida Castro Muñoz (31). Después de días de conversación, llegaron a un acuerdo para que esta última diera su vientre en alquiler.

Durante los nueve meses del embarazo, Palomino Cordero les pedía dinero a los padres biológicos de la criatura para consultas en la clínica, traslados y alimentación.

Palomino Cordero entregó a la recién nacida luego de recibir el dinero pactado: 50 mil dólares. Los progenitores, alegres, pensaron que por fin habían cumplido su sueño.

Desde noviembre de 2010, Dina Palomino y su esposo comenzaron a recibir llamadas telefónicas y correos electrónicos anónimos en los que amenazaban con secuestrar y asesinar a la niña. A cambio, pedían cinco mil dólares.

Así, denunciaron el caso ante la , que tras varios meses de investigaciones logró identificar a los autores de los mensajes. La mañana del martes, agentes de Secuestros e Inteligencia de la Dirincri detuvieron a Palomino Cordero y a Castro Muñoz en su casa, ubicada en la manzana A 16, lote 17 de la Asociación Portales, en Santa Anita. Tenían una orden de captura dictada por el 31 Juzgado Penal de Lima. Se les acusaba de los delitos de extorsión y contra el estado civil por haber exigido más dinero a los padres biológicos.

Sin embargo, a las pocas horas de su detención, la pareja de convivientes –que, según las investigaciones, habría recibido, en total, 70 mil dólares– fue puesta en libertad por falta de pruebas.

SIN REGULACIÓNAl respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que no existe una norma que regule lo que se conoce como 'vientre de alquiler'.

Las personas involucradas en estos casos –detalló el letrado– cometen una serie de faltas y delitos. "Lo que ocurre es que se tendría que falsear desde la identidad de la criatura hasta la documentación del centro médico donde nació", sostuvo.

Dijo que en nuestro país, según la ley, la mujer que da a luz a un nuevo ser es su madre así la criatura haya sido producto de un óvulo fecundado de otra persona e insertado artificialmente en el vientre.

El especialista indicó que, en esta situación específica, se debería imponer una sanción a todas las personas que han participado en el acto, tanto a los padres biológicos como a los que se prestaron para la transacción.

Además, señaló que casos como este no se presentan con frecuencia en Perú y que, generalmente, detrás siempre hay mafias muy bien organizadas cuyas ramas alcanzan a centros médicos y a funcionarios de registros civiles, sobre todo del interior del país.