Explotación laboral crece y no se fiscaliza, no hay cifras del trabajo forzoso

Jovi Herrera y Jorge Huamán trabajaban semiesclavizados, en un pequeño ambiente hecho de planchas metálicas, sin servicios higiénicos y encerrados con candados acerados de tan alta resistencia que ni siquiera el fuego pudo abrir. No tenían ningún derecho laboral. Ganaban apenas 20 soles por 12 horas de trabajo diario. Pero no son los únicos. Su muerte, en el incendio de Las Malvinas, ha develado las condiciones inhumanas en las que laboran miles de peruanos.

Patricia Huamán Aguilar, de 18 años, es una de ellos. Llegó desde el Cusco hace seis meses con la promesa de un sueldo de 800 soles a cambio de su trabajo doméstico. Sin embargo, no fue lo que esperaba. En una casa de San Borja, Patricia era humillada por su jefa, por su condición andina, y explotada laboralmente en una extensa jornada diaria de 19 horas. Le quitaron su celular y el DNI y solo le pagaban 20 soles semanales. Lo peor era que, mientras su jefa salía a trabajar, tal como Jovi y Jorge, Patricia era encerrada.

"Al conocer el caso, inmediatamente ayudamos a la joven. Sin embargo, hay miles de trabajadoras del hogar que viven en las mismas condiciones de explotación y son esclavizadas desde niñas, trabajando más de 12 horas al día, sin contratos y sin derecho a la remuneración mínima vital, vacaciones, CTS o seguridad social", indicó Adelinda Díaz, coordinadora de la Federación de Trabajadores del Hogar.

Los casos son dramáticos, pues, según Díaz, muchas trabajadoras deben enfrentar violencia sexual de sus empleadores y hay regiones donde pagan menos de 100 soles mensuales bajo el sistema 'cama adentro'. "En Chota, por ejemplo, se paga apenas 30 soles semanales por el cuidado de niños", reseñó. Pero hay más. Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, señaló que una situación similar de explotación a la registrada en Las Malvinas podría estar pasando también en la industria textil en Gamarra, donde se sabe que hay sótanos con talleres clandestinos y muchas personas que son encerradas y retenidas durante la noche para hacer 'trabajo de amanecida'. "Ahí es probable que haya una forma severa de explotación laboral que se puede convertir en trabajo forzoso o esclavitud, pero puede ser también una finalidad de la trata, no se sabe", dijo.

En el Perú no hay cifras exactas de la explotación laboral debido a que este tipo de actividad se da más en el ámbito privado. "En un país como el nuestro, con el 70% de informalidad, la explotación laboral adopta características de invisibilidad y anonimato que la hacen muy difícil de detectar", indicó Querol.

Teresa Torres, coordinadora del Proyecto contra el Trabajo Forzoso, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que la explotación laboral involucra desde condiciones indebidas de trabajo, hasta situaciones de mayor gravedad y de carácter delictivo, como el trabajo forzoso, en el cual se afecta no solo la libertad de la persona sino además la dignidad humana.

"La propia naturaleza del trabajo forzoso, el cual suele ocurrir de manera clandestina, en zonas de difícil acceso y en ambientes caracterizados por la ilegalidad, limita el conocimiento real del problema. Las víctimas a menudo trabajan ocultas, fuera de la vista del público, por ejemplo a bordo de buques pesqueros, en pequeños talleres clandestinos, en la agricultura comercial o en domicilios particulares", manifestó.

En América Latina, el trabajo forzoso genera para los explotadores ganancias ilegales equivalentes a 12,000 millones de dólares al año y por cada víctima se puede obtener hasta 7,500 dólares. "La posibilidad de percibir un lucro tan alto, frente a las bajas probabilidades de ser sancionado, hace atractivo este negocio. En ese sentido, resulta imperativo fortalecer la detección, procesamiento y sanción de los responsables", dijo Torres.Precisamente, desde enero de este año, el gobierno ha incorporado el delito de trabajo forzoso en el Código Penal. "Es un gran paso. Corresponde ahora asegurar que las sanciones ahí previstas sean impuestas y aplicadas de manera eficaz", aseveró Torres.

Sin embargo, ahí aparece otro escollo. Aunque la fiscalización de la explotación laboral le corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil), su trabajo aún no es muy efectivo. El laboralista Ricardo Herrera atribuyó esa situación a que la institución se está preocupando únicamente por fiscalizar las empresas formales. "Un dato del año pasado es revelador: en 2016 se llevaron a cabo inspecciones en 37,000 empresas del país de las más de tres millones que hay en el Perú y 4,000 fueron fiscalizadas más de una vez. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Sunafil no se puede dar el lujo de visitar dos veces una misma empresa cuando hay un universo enorme que no recibieron una sola visita", puntualizó.

Herrera reclamó mejorar la planificación estratégica y la inteligencia para fiscalizar en aquellos lugares donde se tiene conocimiento que hay más informalidad para así garantizar los derechos de los trabajadores. "No puede ser que en el centro de la ciudad haya empresas con trabajadores en condiciones inhumanas y Sunafil no las haya fiscalizado al menos una vez. Es hora de tomar iniciativa en esos casos, pues sería imperdonable que vuelva a ocurrir un caso como el de Las Malvinas en otro lugar de Lima o del país por falta de fiscalización", subrayó.

"La realidad de las empresas informales, donde pueden presentarse casos de explotación laboral o trabajo forzoso, es bastante difícil y desafiante para las inspecciones de trabajo, pues la informalidad invisibiliza", aseguró la intendenta nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de Sunafil, Gabriela Soto Hoyos.

La funcionaria indicó que Sunafil fiscaliza que los empleadores estén sujetos al régimen de la actividad privada y si encuentra alguna infracción pueden poner una multa o una sanción administrativa. "Pero una multa es muy diferente a si un juez ordena que pongan a un trabajador en planilla, por ejemplo. Y si la persona jurídica no está constituida, a quién le ponemos la multa, a quién perseguimos o realizamos la cobranza", manifestó.

Asimismo, señaló que lo ocurrido en Las Malvinas va más allá de la informalidad, pues constituye un delito. "Eso involucra una denuncia penal que puede ser por trabajo forzoso o trata de personas, que son delitos tipificados en el Código Penal y escapan a nuestras competencias", sostuvo.Sunafil ha realizado este año 21 inspecciones de trabajo forzoso y 51 de trabajo infantil. Soto dijo que se seguirá impulsando la inspección de estos casos.