Ayer, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que las empresas corruptas que hayan aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas, no podrán transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con el pago de todas sus obligaciones —lo que comprende a trabajadores, proveedores y la reparación al Estado peruano— y deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos.
Hoy, mediante un Decreto de Urgencia publicado en El Peruano se dio a conocer más detalles al respecto.
La publicación indica que el objeto de la norma es evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público privadas, pues esto pondría en grave riesgo el desempeño económico del país, y tendrá como duración 1 año.
Este bloqueo durará hasta que la empresa efectúe el pago total de la reparación civil a favor del Estado.
En caso las empresas sentenciadas tengan que realizar transferencias para pagar una deuda en el exterior, esto deberá ser previamente aprobadas por el Ministerio de Justicia. Como se sabe, empresas como Odebrecht han optado por vender sus participaciones, acciones o titularidad de los proyectos y/o concesiones que tiene en el país.
En algunos casos ha podido hacerlo, pero en otros no, por lo que ha tenido que devolver la concesión al Estado.
Así, el decreto establece que las empresas o personas interesadas en comprar de forma total o parcial los activos o acciones de las empresas sentenciadas o vinculadas a la corrupción deberán presentar al Ministerio de Justicia una solicitud escrita manifestando su interés.
Dicha cartera podrá requerir información adicional si lo considera necesario.
Asimismo, los interesados de comprar los acciones o bienes deberán depositar el monto de la reparación civil como condición para adquirir las obras y/o concesiones, si es que no realizan ese procedimiento serán responsables solidarios con las empresas y/o personas corruptas.