Los peajes formaban parte de los ingresos más importantes de la Municipalidad de Lima. Para que tenga una idea, entre octubre de 2013 y el 15 de junio de 2018, Lamsac ha recaudado S/1,319’906,356 en los nueve puntos que tiene a su cargo, de acuerdo con la página web del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Mientras que Rutas de Lima ha obtenido S/914’052,676 de 2013 a junio del 2018, según la misma fuente.
Se trata de S/2,233’959,032 que la comuna metropolitana ha dejado de percibir durante estos seis años por contratos. A cambio, las empresas han ejecutado obras en las carreteras Panamericana Sur y Panamericana Norte, además del famoso proyecto Línea Amarilla, que incluye un túnel debajo del río Rímac.
“Lima tendría que llegar a un acuerdo con los concesionarios para que estos permitan la intervención de la municipalidad en la administración de los mismos”, señaló el abogado Julio César Castiglioni, experto en temas municipales.
Recordó que estas concesiones están ligadas a contratos, por lo que resultaría difícil de interrumpirse, tal como proponen algunos candidatos. “Con la intervención del municipio en los peajes se lograrían muchas cosas, como la reparación de las nuevas rutas o de las carreteras de la ciudad. Las concesionarias lo único que buscan es la recuperación de su dinero”, aseguró.
Por su parte, el congresista Yonhy Lescano –ex miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, la que se encargó de la investigación de los peajes– refirió que la concesión de los peajes se logró con trampas. “Tal es el caso de las empresas Odebrecht y OAS, entre otras”, sostuvo.
Por eso, consideró necesaria una renegociación. “Estos contratos pueden interrumpirse si se han conseguido a base de delitos, como son los casos citados. Tiene que ser revisado por el Estado y asignar directamente todos los ingresos a los municipios”, expresó.