(USI)
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La demandó a tres exfuncionarios de , tras detectar que existiría un perjuicio económico de S/.5,5 millones en la rehabilitación de un tramo de la carretera Tingo María–Aguaytía.

La institución precisa que la demanda contra los presuntos responsables de la pérdida tiene como fin recuperar el dinero en favor del Estado.

La comisión auditora reveló que en 2004 se contrató a un consorcio para que estudie la estabilidad de los taludes del lugar y adecue el respectivo expediente técnico, "pero eso no fue realizado".

En su lugar, indica el documento, el consorcio reprodujo y presentó un estudio topográfico que otra empresa había elaborado en los años 1999-2001.

Los entonces funcionarios de Provías Nacional aprobaron el expediente técnico, pese a que se había incumplido lo establecido en el contrato y se ponía en riesgo la futura ejecución de la obra, ya que el tiempo transcurrido y las condiciones climáticas de la zona ocasionaron variaciones en la topografía del terreno.

Con este expediente técnico aprobado, en el periodo 2006-2007, se licitó la ejecución del proyecto, lo que ocasionó que durante la realización de las obras se tuviera que rediseñar el expediente técnico.

Por ello, se le tuvieron que reconocer ampliaciones de plazo y por ende mayores gastos generales al contratista, lo que generó un perjuicio económico de 5 millones 684,541 nuevos soles.

La Procuraduría Pública de la Contraloría ya presentó las acciones legales correspondientes ante el 22° Juzgado Civil de Lima, indica la entidad.