Redacción PERÚ21

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Desde que la jueza suplente Delia Graciela Flores Gallegos dictó, el pasado 4 de mayo, una contra la editora de Economía de Perú21, Gina Sandoval Cervantes, muchas instituciones y líderes de opinión han cuestionado la decisión por las irregularidades en la investigación.

Hoy, Perú21 pone en evidencia las arbitrariedades cometidas por el equipo del comandante PNP Luis Eduardo Lazo Fernández, por el fiscal provincial William Montes Malpartida y, finalmente, por la jueza provisional, hoy .

CONDICIÓN: NO HABIDALa resolución firmada por la jueza suplente Flores indica que la orden de detención contra Sandoval se fundamenta en "su actitud de no acudir a la citación policial (…) lo que hace prever que trataría de eludir la acción de la justicia".

Por su lado, el fiscal Montes, ensayando una justificación al pedido de detención que formuló contra la periodista, dijo a un diario local –infringiendo la reserva de su investigación– que la citación fue recibida por la hermana de Sandoval en su domicilio legal.

A su vez, la defensa legal de la editora de Economía de este diario ha señalado que nunca recibió notificación alguna y que Perú21 y su personal han colaborado desde un inicio con las investigaciones al reportero Rudy Palma por haber ingresado a los correos electrónicos de algunos funcionarios.

Entonces, ¿existió la citación policial?, ¿quién la recibió? Perú21 accedió a la notificación y, luego de corroborar su existencia en el expediente judicial, confirmó las irregularidades en su trámite. Examinémoslo.

FIRMADO POR UN MUERTOPrimero, el documento policial rubricado por el comandante Lazo y por el mayor Juan Pozo del Castillo sí consigna la dirección real de la periodista. Pero indica que fue recibido por una tal Rosario Sandoval Gonzales, con DNI 41466807, el 30 de abril, a las 5:10 p.m.

Perú21 buscó en el registro civil a esta persona y descubrió que no existe. Peor aún, el número del DNI consignado le pertenece a Humberto Juan Zurita Ramos, un joven cuyo documento de identidad ha sido dado de baja por 'FALLECIMIENTO'. Sí, leyó bien: fallecimiento.

Es decir, si el único argumento para justificar la orden de detención de Sandoval es su inasistencia a una supuesta citación, el hecho de que esta no se haya entregado y que, además, sea fraudulenta, trae por tierra las arbitrarias imputaciones contra nuestra editora de Economía.

Sin embargo, en la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), que emitió la fraudulenta notificación, nadie se hace responsable de la misma.

Este diario conversó ayer con el comandante Lazo, quien firmó el referido documento, y dijo que "es el efectivo policial que ha ido a entregar el documento el responsable del mismo". El policía, muy nervioso, se negó a identificar a su subalterno y, sin poder ocultar su tensión, expresó: "Yo no acepto ninguna responsabilidad (sobre la evidente irregularidad en la notificación)".

Perú21 también visitó el domicilio legal de Sandoval y conversó con el agente de seguridad del edificio, Leonidas Tocto Sena, quien informó que el lunes 30 de abril, a las 5:10 de la tarde, se encontraba en su puesto de vigilancia.

"Yo recibo toda la correspondencia de los residentes del edificio y la firmo con mi nombre y mi DNI. Ese día no llegó nada para la señora Sandoval ni para su esposo. Tampoco hubo visitas, nadie de la Policía vino a buscarlos", nos dijo.

Por su parte, el esposo de Sandoval, Óscar Hugo Godoy, reiteró que "nosotros no recibimos esa notificación. No conocemos, además, a la persona Rosario Sandoval Gonzales, no es familia de mi esposa y tampoco mía. Ese día (30 de abril) yo estuve en mi domicilio todo el día, cuidando de mi menor hijo, y nadie vino buscando a mi esposa ni recibimos correspondencia".

DE VISITAS Y DEMÁSPero hay más. Fuentes policiales nos manifestaron que durante el tiempo que duró la investigación al exreportero de este diario Rudy Palma, el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, fue dos veces a la sede policial para exigir que se mantuviera la detención a Palma y se ordenara una medida similar para otras personas (como Sandoval).

Y esta fue la respuesta del comandante Lazo cuando le preguntamos sobre este tema: "Yo no puedo hablar de eso (las presiones de algún integrante del Ejecutivo) con usted. Yo no puedo decir nada".

Pero los tentáculos del Ejecutivo y de otros funcionarios interesados en implicar a más personas en un acto cometido solo por Palma van más allá.

En el programa Tribuna Abierta, el asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, reveló que Palma ha sido presionado para que involucre a más personas a cambio de beneficios penitenciarios.

"Que no pretendan los órganos de persecución penal variar su declaración (donde dice que actuó solo) bajo mecanismos de presión", advirtió el abogado.

Con estas irregularidades que ponemos en evidencia, no habría garantía de que las investigaciones en este proceso sean imparciales.