Denuncian por enriquecimiento ilícito a 32 funcionarios públicos

El Ministerio Público denunció a 32 funcionarios, entre ellos 17 alcaldes y regidores, por el delito de enriquecimiento ilícito en lo que va de la actual gestión del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

La institución informó que la Oficina de Enriquecimiento Ilícito, adscrita al despacho del fiscal de la Nación, recibió en el 2011 unas 102 denuncias por este delito y en lo que va del año ya ha registrado 74.

La fiscal provincial, Mónica Silva Escudero, explicó que esta falta se comete cuando un funcionario, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio de manera ilícita en relación a sus ingresos legítimamente percibidos.

Asimismo, indicó que dicho delito se configura bajo dos factores: primero, el abuso del cargo, es decir el uso indebido de las facultades o prerrogativas para procurarse un provecho económico; y, segundo, el incremento patrimonial que muestra el funcionario en relación a los ingresos o remuneraciones que percibe él y su cónyuge.

El primer factor permite investigar a los presuntos responsables después que dejaron de trabajar para el Estado, pues antes solo se permitía hacerlo cuando el servidor mostraba signos exteriores de riqueza durante el ejercicio de la función.

Además, precisó que el delito se puede evidenciar no solo con el incremento del patrimonio (como adquirir una casa y vehículo nuevos), sino con los viajes y la cancelación de deudas de manera rápida.

En tal sentido, una pauta para iniciar las diligencias es la declaración jurada de bienes y rentas del servidor público. Los casos más comunes se encuentran en provincias, donde se denuncian a los alcaldes o regidores por contar con vehículos u otros patrimonios que no guardan relación con sus ingresos.

Por su parte, el fiscal Carlos Nivín Valdiviezo precisó que siendo el enriquecimiento ilícito un delito muy complejo, la única autoridad competente para intervenir y formular cargos es el propio fiscal de la Nación, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución.

Por ello, refirió, se organizó una área especializada para atender las denuncias de este tipo en todo el país y al amparo del nuevo Código Procesal Penal, que se encuentra vigente desde junio del año pasado para los delitos de corrupción de funcionarios.

Dicha área, explicó, se encuentra formada por un equipo de fiscales provinciales bajo el mando de un fiscal superior, quien da cuenta e informa directamente al titular del Ministerio Público.