La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, ante la Corte de San José, otro caso en contra del Estado peruano por la detención y tortura a Gladys Espinoza Gonzales, acusada y condenada a prisión por pertenecer al MRTA.
Según el expediente N° 11.157, Espinoza fue detenida el 17 de abril de 1993, violada y torturada por agentes de la División de Investigación de Secuestros y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo.
La demandante fue acusada de pertenecer al MRTA y de participar en el rapto de empresarios para reunir fondos a favor del grupo terrorista.
Fuentes judiciales refirieron a Perú21 que una sala suprema, entonces a cargo de César San Martín, fue la que desestimó la alegación a la tortura, por lo que la posición del Estado fue que hubo un debido proceso en base a los informes del PJ y de la Fiscalía.