La demanda de centros de rehabilitación insatisfecha genera informalidad

A propósito de la tragedia en el centro de rehabilitación de San Juan de Lurigancho Cristo es Amor, donde murieron 27 internos, la jefa de Devida, Carmen Masías, se pronunció a favor de que las comunidades terapéuticas formales sean incorporadas al sistema de salud, para que estén bajo fiscalización y supervisión y contribuyan a cubrir una demanda de atención que el Estado no puede atender.

"Existen una Red y una Asociación de Comunidades Terapéuticas que agrupan a unas 60 organizaciones formales y sus responsables han sido capacitados por Cedro y por las Naciones Unidas. En una situación en la que el Ministerio de Salud no puede responder, hay que abrirse a medidas creativas", subrayó.

Consideró que en el país hay una gran demanda por este tipo de ayuda y no hay un sistema que la atienda porque desde hace varias décadas. En números, en el país hay entre 60,000 a 100,000 adictos, pero solo puede tratar a 700.

En ese contexto, dijo, es que surgen la comunidades terapéuticas informales que cubren una necesidad a las familias de adictos que buscan ayuda forma desesperada. La titular de Devida enfatizó en que es necesario trazar una política y un sistema que funcionen y gerenciarlos con los municipios y con la sociedad civil.

En tanto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, aclaró que ningún centro de rehabilitación o comunidad terapéutica para adictos a las drogas puede privar de su libertad a sus pacientes, y de hacerlo, están cometiendo delito de secuestro.

Afirmó que solo puede haber encierro en casos extremos, cuando se trata de enfermos psiquiátricos y cuyos familiares autorizan que se tomen medidas de vigilancia rigurosa para evitar que abandone el centro de rehabilitación y le pueda ocurrir algo.