Luego de las polémicas declaraciones del Ministro de Justicia respecto a la pena de muerte, la Defensoría del Pueblo se pronunció y advirtió que "restituir la pena de muerte para los delitos de violación a menores obligaría al Perú a renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos".
Walter Gutiérrez, titular de la institución, recordó que la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria, por lo que el Estado peruano está impedido de ampliar esta pena a otros supuestos.
El titular de la Defensoría del Pueblo especificó que Perú no se retiraría de manera inmediata de la Convención, sino que se haría efectiva en —al menos— un año.
Además, mencionó que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Perú no podía ampliar los supuestos de pena de muerte.
De darse un retiro de la Convención dejaría fuera al país del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, dado que no se puede un solo artículo de dicho escrito.
Walter Gutiérrez enfatizó que, de acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de iniciativas no contribuyen a la reducción de los referidos delitos.