Por: César Takeuchi / César Martínez
¿Se pudo hacer algo para evitar la muerte de la niña de 11 años de San Juan de Lurigancho? Sí. Porque César Augusto Alva Mendoza (37), asesino confeso de la pequeña, fue denunciado ante la Policía y la Fiscalía. Ninguna de estas instancias siguió el proceso por impericia, por falta de interés o por negligencia.
En el caso de la menor de iniciales M.J.V.R., el personal de la comisaría de Canto Rey –lugar a la que la pequeña fue para recibir clases en el taller de verano– tardó horas para iniciar su búsqueda. Mientras tanto, Alva Mendoza la llevó en su bicicleta, abusó de ella –según confesión dada ayer– y la mató. Luego, la quemó.
Por este caso, el ministro del Interior, Vicente Romero, ya ha dispuesto una investigación profunda y exhaustiva. También ha dispuesto la formulación de un protocolo de seguridad e integridad de niños beneficiarios de programas de prevención en la comisaría (tuvo que pasar una muerte para que esto se dispusiera).
Alva también fue denunciado por un caso de violación contra un menor de 17 años que no pasó de la comisaría de Mariscal Cáceres. También fue acusado por el mismo delito por una joven de 28 años, a la que amenazó con una tijera. El caso pasó a la Fiscalía donde, increíblemente, fue archivado porque el procesado jamás se presentó.
El último caso que fue dado a conocer es de una niña de 11 años, a la que trató de captar con la misma modalidad de la bicicleta, en noviembre de 2016. De no ser por un vigilante particular, que vio todo, quizá estaríamos lamentando la segunda muerte.
Diana Ruiz, mamá de la pequeña víctima, denunció ayer que este caso ya se encontraba en el Poder Judicial y que no se procedió con la captura. Al respecto, María Lima, titular del Séptimo Juzgado de San Juan de Lurigancho, señaló que dicho documento fue emitido el 4 de febrero de este año y que no tenía proceso judicial por violación.
NO ACTUARON A TIEMPO
Sobre este tema, Matilde Cobeña Vásquez, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, cuestionó que las autoridades no hayan actuado a tiempo.
“Con un mensaje así, donde las entidades demoran, donde la justicia no cumple su papel, el mensaje que damos es de impunidad, de que no se está haciendo nada por protegerlos y, entonces, los agresores siguen sueltos, van a creer que pueden seguir vulnerando los derechos de una niña porque nadie les va a hacer nada y eso no puede ser así”, manifestó a Perú21.
Recalcó que si las autoridades competentes hubieran actuado debidamente “de acuerdo a las funciones que le corresponden, una persona, un agresor de esta naturaleza, no estaría libre. Algo está pasando en el sistema de justicia que no está protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes”, comentó.
Aseveró que no se concibe a los menores de edad como sujetos de protección, con derecho a buen trato.
“En 2016 se atendieron, de acuerdo a las cifras de CEM (Centros de Emergencia Mujer), 5,902 casos de violencia sexual contra menores de edad. En 2017, la cifra era de 6,593”, finalizó.