Tras el asalto a los ocupantes de una camioneta por parte de tres delincuentes en el túnel de la Línea Amarilla, ocurrido el pasado 20 de abril, la Defensoría del Pueblo cuestionó la falta de seguridad en dicha vía y pidió medidas correctivas y compensatorias para los afectados.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que las empresas concesionarias de las vías deben garantizar el derecho a la seguridad en la prestación de sus servicios.
Por ello, solicitó al Fondo Monetario de Inversiones (Invermet), entidad de la Municipalidad de Lima y encargada de la supervisión de la concesión, que revise e informe si Lamsac actuó diligentemente para prevenir o afrontar el acto delictivo.
“Los contratos viales no solo deben centrarse en la seguridad de la infraestructura sino también en la seguridad de los desplazamientos que desarrollan los usuarios de las vías”, señaló la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento.
Además, consideró necesario que la Policía Nacional investigue adecuadamente el caso y esclarezca las quejas sobre la demora en el auxilio de las víctimas en un plazo razonable. Recordó que, de acuerdo a Lamsac, el atraco ocurrió a la las 11:16 p.m. y los agentes policiales arribaron al lugar a las 11:51 p.m. para el traslado de las víctimas a la comisaría del Rímac. Es decir, llegaron 35 minutos después.
“La Defensoría considera que es necesario que se revise el protocolo que utiliza la empresa (Lamsac) para cautelar la seguridad de las personas dentro de la vía concesionada, en especial si el solo uso de cámaras de vigilancia es suficiente para proteger a las personas. En cualquier caso, se requiere determinar las responsabilidades en las que hubiera incurrido la empresa y la PNP”, afirmó.