La Defensoría del Pueblo informó que detectó que en Lima Provincias, pese a las condiciones inadecuadas en las que funcionan la gran mayoría de los centros educativos de la región, no se puede realizar ninguna inversión importante para mejorar la infraestructura debido a que los predios no están saneados, física ni legalmente, ni inscritos ante Registros Públicos.
Estela Lozano, jefa de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, detalló que esta situación afecta a cerca del 80% de escuelas de Lima Provincias, es decir a 1.098 de un total de 1.392, en las nueve provincias.
La Defensoría del Pueblo señaló que, de acuerdo con información facilitada por el Gobierno Regional de Lima Provincias, de 229 colegios en Yauyos, solo dos cuentan con saneamiento. En Canta, donde hay 58 escuelas, apenas ocho están registrados.
Además, indicó que en Cañete, en el que hay 242 colegios, 162 no están saneados; en Huaura, de 173 colegios, 136 no tienen saneamiento físico y legal; en Huaral, de un total de 183, 114 no están debidamente registrados.
La situación se repite en Cajatambo (de 61 escuelas, 47 no están saneadas); Canta (de 58, 50 no están saneadas); Yauyos (229, 227 no están saneadas); Oyón (de 79, 70 no están saneadas); Huarochirí (de 175, 149 no están en Registros Públicos); y Barranca (de 178, 136 no están saneadas).
De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, en esta región, alrededor de 250 mil alumnos asisten a diario a clases en los niveles inicial, primaria y secundaria.
La Defensoría del Pueblo detalló que aulas declaradas inhabitables, cercos perimétricos en riesgo de colapso, rajaduras, e incluso planteles que fueron declarados en emergencia durante el Niño Costero de 2017 y en los que aún no se ejecutan mejoras, no pueden recibir presupuesto porque el primer requisito para ello es el saneamiento.
“Ante esta situación, reiteraremos nuestro pedido al gobernador Regional de Lima Provincias, Ricardo Chavarría Oria, para que priorice la conformación de una comisión especial que con urgencia resuelva los problemas de saneamiento que entrampan la inversión pública en los centros educativos de la jurisdicción”, refirió Lozano.