Crece la inseguridad ante la nula fiscalización de taxis por aplicativo

Los recientes casos de violación a jóvenes han generado serios cuestionamientos a un servicio que se proyectaba como seguro y confiable. Y es que nadie los fiscaliza, y el único proyecto de ley que podría dar solución al tema no tiene fecha de debate.

Descontrol. Ninguna autoridad fiscaliza este tipo de servicio.

Descontrol. Ninguna autoridad fiscaliza este tipo de servicio. (USI)

Descontrol. Ninguna autoridad fiscaliza este tipo de servicio. (USI)

Cesar Martinez

“Me quedé en estado de shock, permanecí quieta, porque no sabía si tenía un arma o si me iba a pegar, si me había drogado. No sabía qué hacer”.

Desgarrador. Así fue el testimonio que dio –entre lágrimas– María Claudia, una joven de 23 años que –pensando en su seguridad– solicitó un servicio de taxi a través de Uber . Sin embargo, ella se encontró con una terrible realidad: fue víctima de violación sexual por parte del chofer de la unidad, Gianfranco Huaichao Ronto. Ahora, él está preso.

Otra fue la situación de Alan Galván Envasco, conductor de Taxi Beat que es acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una de sus pasajeras. Pese a las pruebas en su contra –entre ellas, los resultados del médico legista–, el Ministerio Público, increíblemente, decidió dejarlo en libertad.

Ante estos hechos que se suman a al menos otras 8 denuncias anteriores registradas en los últimos dos años, la pregunta es ¿qué tan seguros son los taxis por aplicativos?

“La rapidez y supuesta seguridad que ofrecían eran sus principales fortalezas. Pero ahora nadie nos puede garantizar eso. Lamentablemente, todo esto pasa porque este servicio, mediante aplicativo, no tiene control, es ilegal e informal”, señaló Luis Quispe Candia, gerente general de la ONG Luz Ámbar.

Sostuvo, también, que, pese a que estas empresas aseguran que no pertenecen al sector transporte, sí deberían ser incluidas en este. “Son intermediarias del servicio del taxi. Por lo tanto, deberían ser fiscalizadas por las municipalidades provinciales. En este caso, de Lima”, recalcó.

Se mostró a favor de que se elabore una norma especial para ello. “En el Congreso ya hay un dictamen”, aseguró. En los casos descritos, afirmó que “las compañías tienen responsabilidad civil, mientras que a los autores de las agresiones les cabe una responsabilidad penal, que debe ser ejemplar”.

Acotó que esta situación es el fiel reflejo de lo que se vive, actualmente, en el servicio de taxi en general. “Se ha escapado del control de las autoridades. Hay sobreoferta, el sector crece cada vez más. Se trata de un servicio deficiente”, aseveró Quispe Candia.

INFORMALIDAD

Esta situación no parece tener mucha importancia para los congresistas, pues desde hace meses hay un proyecto de ley al respecto, pero que aún no tiene fecha para ser debatido en el Pleno. El parlamentario Roy Ventura, ex presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento, refirió que estas empresas no solo están promoviendo la informalidad sino que hay delincuentes que se registran en las mismas con la única intención de delinquir.

Dijo que en junio pasado se aprobó un dictamen que crea el Registro Nacional de Empresas Administradoras de Plataformas Tecnológicas de Intermediación del Servicio de Transporte Especial-Taxis, que deberá estar a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Tenemos que empezar por crear un registro, por identificarlos, por exigirles que tengan personería jurídica en nuestro país (varias empresas son extranjeras), para que se hagan responsables de lo que pasa en las unidades”, sostuvo tras detallar cuáles serían los requisitos que se les debe exigir a estas compañías (ver recuadro).

LAS EMPRESAS RESPONDEN

Ante las citadas afirmaciones, las empresas que operan con la modalidad del aplicativo respondieron a Perú21. Jorge Romero, country manager de Cabify Perú, insistió en que su modelo de negocios es el del sector tecnológico. Por lo tanto, no es posible que se les aplique la legislación relacionada con el transporte público.

Señaló que estas compañías –por su naturaleza– no son responsables de los incidentes que puedan ocurrir en los vehículos. Pero, como parte de su política de autorregulación, cuentan con seguros contra accidentes y de responsabilidad civil.

Dijo que Cabify aplica filtros, como evaluaciones psicométricas presenciales a los conductores. Además, les exigen antecedentes penales, judiciales, récord de conductor, y otros. Indicó que también hacen capacitaciones y tienen un área de atención al cliente.

Consideró que sería positivo que se genere una legislación que promueva el modelo de negocio que su firma brinda. También cree que sería bueno que las empresas del sector puedan llegar a acuerdos, como generar listas negras de conductores que no pasan sus filtros, y endurecer los requisitos que se les exigen para ofrecer mayor seguridad.

Opinó que la gente tiene que informarse bien sobre qué diferencia a cada empresa, cuál es la forma en que afilian a los choferes.

De otro lado, Christophe Robilliard, country manager de Easy Taxi, consideró que es importante que el público no generalice a las compañías.

“Nadie puede asumir que una empresa es segura solo porque brinda el nombre del conductor”, sostuvo.

Es importante que el consumidor se informe sobre lo que ofrece cada una. También refirió que las firmas de taxis por aplicativo deben asumir su responsabilidad cuando ocurre un delito. “Uno tiene una responsabilidad compartida porque ha contactado a una persona con otra... Pero quien asume la responsabilidad penal es el que comete el delito. Ahora, a nivel civil, la responsabilidad es de la compañía cuando el que cometió el delito no tenga cómo cubrir la reparación”, expresó.

También se mostró a favor de una regulación, acorde con el servicio que brindan. “Uno es el servicio tecnológico y otro es el de transporte, ambos con sus responsabilidades, que tienen que estar bien definidas, y quién es el fiscalizador”, precisó. Sostuvo que los aplicativos los debe fiscalizar el Indecopi, pues están sujetos al Código del Consumidor.

Finalmente, a través de un correo electrónico, Martha Castro, directora de Comunicación de Uber para la región andina y el Caribe, declaró que ellos apuestan por una reglamentación acorde con al rubro tecnológico. En cuanto al incidente ocurrido con María Claudia, la compañía informó que, inmediatamente, se brindaron todos los datos del chofer a la Policía.

TENGA EN CUENTA

- De acuerdo con Cabify, unos 3,700 conductores han sido rechazados al no haber pasado sus filtros de seguridad.

- En tanto, Uber señaló que han sido 14,000 conductores que no fueron afiliados por el mismo motivo en 2017.

- Estas empresas dicen que sus choferes pasan por una prueba psicológica, pero lo que hacen es practicarles un ‘test de confianza’, que solo es de manera virtual y que no es seguro, afirmó el congresista Roy Ventura. Actualmente, no hay un registro de taxis afiliados a aplicativos.

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