En un plazo máximo de tres meses, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer tendrán acceso a toda la información personal de los agresores de mujeres y de los que hayan cometido cualquier acto de violencia contra miembros del grupo familiar. También podrán conocer los datos de las víctimas.
Esto estará incluido en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), que estará a cargo del Ministerio Público. Se trata de una herramienta con la que se busca prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia –sexual, física, psicológica, cognitiva o económica– contra la mujer y la familia.
Si el ataque se produce en presencia de un menor de edad, ello se tomará en cuenta como un hecho independiente a la agresión principal.
Para la elaboración del RUVA se utilizarán datos de los sistemas informáticos de la Policía Nacional, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, solo dichas instituciones podrán acceder a esta base de datos, a fin de proteger la identidad de las víctimas de violencia. Una comisión coordinadora –cuyo responsable será un representante de la Fiscalía de la Nación– estará a cargo de supervisar el adecuado funcionamiento del registro las 24 horas, el que estará disponible todos los días de año (incluyendo feriados).
Cada trimestre, dicho grupo de trabajo publicará un reporte estadístico con los indicadores más importantes del total de casos denunciados. Toda la población tendrá acceso a este consolidado a través de Internet, pero solo conocerán las cifras, no la información personal de los involucrados.
FALTA DE PRESUPUESTO
El Registro Único de Víctimas y Agresores no fue creado anteriormente por falta de presupuesto, según indicó un vocero del Ministerio Público.
“Se solicitó la elaboración del RUVA, pero no había presupuesto y tampoco se había aprobado el reglamento. Ahora, ya se avanzó con eso”, dijo a Perú21.
Al respecto, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, precisó que, pese a que este registro sería una base de datos importante para los operadores de justicia, no podría ser implementado en tres meses si es que la Gerencia General del Ministerio Público no entrega el presupuesto.
“Se ha aprobado el reglamento del registro, pero es indispensable que se brinde el presupuesto para que este pueda ser implementado y, así, poder identificar rápidamente a los agresores de las mujeres o de los integrantes del grupo familiar”, expresó.
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