Se les agotó la paciencia. Los consorcios Inka Bus y Central Vías irán al arbitraje para que la Municipalidad de Lima cumpla con el contrato que les garantizaba la operación en el Corredor Carretera Central, el mismo que fue dejado de lado por la comuna capitalina.
Dichas empresas anunciaron a Perú21 que en menos de 30 días presentarán las pruebas al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nombrado por las partes para resolver cualquier controversia.
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GRANDES PÉRDIDASLuis Caro, presidente de Central Vías, indicó que la anulación de la adjudicación del eje vial les ha generado problemas económicos. "En estos cuatro años hemos registrado pérdidas superiores a los S/.7 millones, sin contar la expectativa de negocio que teníamos", aseguró.
Similar es la situación que vive Inka Bus. Héctor Vargas, presidente de este grupo, afirmó que el arbitraje servirá para hacer respetar la primera licitación –hecha durante la gestión de Susana Villarán–, en la que se entregaron en concesión 38 paquetes de los cinco corredores complementarios.
"Los once restantes –que fueron anulados por la actual gestión y que debían ser adjudicados en una segunda licitación–, pertenecían a las rutas alimentadoras de los corredores Carretera Central, San Juan de Lurigancho y Carretera Panamericana (Norte y Sur)", dijo.
El representante de Inka Bus insistió en que su consorcio ganó la primera licitación "con todas las de la ley y eso es algo que la Municipalidad de Lima tiene que reconocer".
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Pidió a las autoridades edilicias que sean claras. "Si no quieren cumplir con el contrato, tendrán que indemnizarnos. Salen a hablar a la prensa y lo que consiguen es que las entidades bancarias nos den la espalda y no podamos financiar la adquisición de más buses", sostuvo.
PROCESO ARBITRALSobre el tema, Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, explicó que este proceso de resolución de conflictos se utiliza para no tener que recurrir al Poder Judicial.
Aquí, la parte demandante deberá solicitar el arbitraje y obtener la respuesta del demandado –en este caso, la Alcaldía de Lima–, los que nombrarán a sus representantes legales para intentar arribar a una conciliación.
"Todo esto puede durar hasta un año, aproximadamente. Durante este tiempo, se presentarán las pruebas en las reuniones que se programen y se llegará a un laudo arbitral, que es la resolución final", sostuvo el experto.
Asimismo, mencionó que en el caso de que el demandado se niegue a participar del proceso, este puede seguir su curso hasta que se emita la decisión final. "De no cumplir con el laudo, se procedería al embargo de los bienes", puntualizó.
DATOS
- Tres consorcios debían operar por el Corredor Carretera Central. A cada uno de ellos le tocaba aportar 240 buses.
- Según el representante de Central Vías, la inversión final que se iba a realizar en este eje vial alcanzaba los 34 millones de dólares.
- Los operadores afirman que la Ordenanza N° 1876 ha significado una grave infracción al contrato de concesión.