Contraloría investiga 166 casos de presunta corrupción en estado de emergencia por COVID-19

La Contraloría General de la República reveló que actualmente viene investigando 166 casos de presunta corrupción en municipios y otras instituciones durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

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Según ‘Panorama’, uno de esos casos se registró en Ayacucho, donde el pasado sábado 11 de abril fue detenida Lidia Paucarhuanca Bendezú, jefa del área de farmacia del Hospital Regional de esa localidad.

Según las autoridades, la intervenida vendía medicamentos entregados por el Estado peruano a dicho nosocomio. También tenía en su poder mascarillas quirúrgicas, gasa y otros productos de bioseguridad.

“Mi colega ha hecho la compra para su farmacia y le pedí que hiciera para mí”, argumentó en su defensa. Tras su detención, la funcionaria recibió seis meses de prisión preventiva por parte del Poder Judicial.

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Otro caso se registró en Amazonas. Allí Sonia Cárdenas Aguilar, regidora del distrito de Cumba y encargada de llenar el padrón de beneficiarios de las canastas de primera necesidad, incluyó a su suegra, Amelia García Cevallos; a la hermana de esta, María Gloria Cevallos; y a la actual madrastra de su esposo, Cira Villalobos.

La respuesta del alcalde de ese distrito, Elvis Robert Ramos Guevara, fue la siguiente: “Somos seres humanos y a veces cometemos errores como cualquiera”.

“Algunas canastas no tenían registro sanitario, algunos productos estaban vencidos. Cuando armaban las canastas decían que se colocaban tantos kilos de arroz y azúcar y no se ponían. Había una reducción en los pesos. Han pasado ya de tres semanas y más del 30% del monto entregado que debía haberse ejecutado y no se ha hecho”, dijo el contralor Nelson Shack.

El tercer caso ocurrió en Piura. Allí el gobernador regional, Servando García, ordenó confeccionar 105 mil mascarillas con los colores de su partido sin las especificaciones técnicas para proteger a quienes luchan en la primera línea contra el coronavirus, según denunció Gerardo Cabrejo, director de la asociación Vigilia Ciudadana.

“No pueden entregar canastas con el nombre del alcalde. No se trata de aprovechar las circunstancias para ganar réditos y llevar agua para su molino. No, ahorita el compromiso es con el país”, manifestó.

Según informó la contraloría, en total 484 municipios a nivel nacional hasta hoy no han gastado un sol del presupuesto entregado por el Gobierno para dar ayuda a sus vecinos a través de canastas.

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