Defensoría del Pueblo denuncia que crematorios públicos y privados presentan precios elevados

La Defensoría del Pueblo reveló que frente al pedido del Ministerio de Salud de incinerar a los muertos por COVID-19, los crematorios privados presentan precios elevados y en algunos casos impagables, que llegan hasta los S/5000.

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Como se sabe, la Resolución N°100-2020 del Ministerio de Salud aprobó la Directiva Sanitaria N°087-2020-DIGESA/MINSA para el manejo de los cadáveres por COVID-19, en el que se establece que los cuerpos de aquellas personas que fallecen a causa de esta enfermedad sean incinerados.

Sin embargo, el número de crematorios públicos y los precios de los crematorios privados, en la práctica, hacen imposible que esta norma se aplique, debido a los altos precios que conllevan realizar estas acciones funerarias.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda la modificación de esta disposición, en consonancia con la situación actual del país.

PRECIOS ELEVADOS

La Defensoría detectó que en Lima Metropolitana funcionan solo dos crematorios públicos, ubicados en los distritos de El Agustino y Chorrillos, a un precio por servicio de S/1650 cada uno. También, hay 4 crematorios privados, cuyos precios oscilan entre los S/1800 y S/3900. Esta última tarifa representa cuatro veces la remuneración mínima vital.

También se comprobó que en el Callao y en la región Junín funcionan otros dos crematorios públicos: el primero con una tarifa de S/760 y el segundo de S/ 4000, y cuando se incluye el servicio funerario el precio sube hasta los S/5000. Llama la atención la diferencia de precios en un mismo servicio brindado por el Estado.

En el resto del país, la Defensoría del Pueblo ha verificado que las regiones de Áncash (Chimbote), Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martin, Tacna y Arequipa, solo cuentan con crematorios privados con precios que oscilan entre S/1500 y S/5000,

Además, en el Callao también se cuenta con crematorio privado que cobra S/2500 por el servicio.

IMPAGABLES

Ante esta realidad, en un contexto económico sin generación de ingresos, la Defensoría del Pueblo invoca al Ministerio de Salud emitir con urgencia una nueva directiva que permita que quienes lo necesiten cuenten con los servicios de inhumación, lo que a su vez exige, tener al alcance bolsas herméticas resistentes a fluidos para preservar la bioseguridad.

De la misma manera, en un momento tan doloroso, puedan contar con servicios de cremación accesibles, garantizando también condiciones de bioseguridad en el manejo del cuerpo de la persona fallecida.

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