Contraloría esclarecerá los costos y decisiones en torno al proyecto Línea Amarilla

La Contraloría General de la República puede ser la entidad que esclarezca los manejos y acuerdos que giran en torno al contrato de concesión y ejecución de la denominada Vía Expresa Línea Amarilla, proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima desde el año 2009 con el que se busca crear una nueva ruta para el tránsito vehicular desde la Vía de Evitamiento hacia el Callao.

A través de un comunicado, el ente contralor informó este martes que está auditando la citada obra para conocer los detalles de sus operaciones y de esta manera, además, tener un cálculo del desembolso que hará el Estado por la construcción del tan promocionado by-pass de la avenida 28 de Julio, ya que, actualmente, se desconoce el monto.

Sobre el by-pass, la Contraloría advirtió que los gastos considerados en el presupuesto "serían elevados en comparación con obras similares", un hecho que desde la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio han descartado.

En el documento se enumeran otras posibles irregularidades que se habrían cometido "en trabajos específicos", como la ausencia de autorizaciones vigentes para desarrollar la obra, falta de supervisión, como estipulaba una adenda, y por "no optimizar adecuadamente los fondos" para la ejecución. "Los resultados de la auditoría que se conocerán en diciembre", precisó la entidad.

"Esto era lo que pedíamos, porque hay una serie de irregularidades desde que se cambió el contrato de concesión en 2011, con Susana Villarán como alcaldesa, y no es apresurado decirlo, porque nosotros sabemos qué decisiones hemos tomado sobre el proyecto", expresó la funcionaria.

Juárez rechazó que hubiera alguna sobrevaloración en la Línea Amarilla y sobre el by-pass insistió en que no conoce la cifra de inversión. "Esta edificación se hace bajo la modalidad de fast-track, y no podemos estimar montos hasta que la obra no esté terminada", subrayó.

Cabe recordar que en noviembre de 2009 la Municipalidad de Lima —encabezada por Castañeda— y Lamsac (propiedad de la brasileña OAS) firmaron el contrato de concesión para ejecutar el plan vial con una inversión de US$570 millones. En 2011, sin embargo, ya bajo la gestión de Susana Villarán, se cambió el nombre a Vía Parque Rímac y con ello variaron algunos acuerdos, incluyendo la construcción de Río Verde, un parque de 25 hectáreas a lo largo de cuatro kilómetros del río Rímac.

En 2013, a través de una adenda se destinaron los fondos de la concesión para Río Verde, con un fideicomiso de US$74.5 millones. OAS fue elegida para levantar los cimientos, pero nunca llegó a firmar el contrato.

Por este caso es que la actual gestión municipal viene siendo cuestionada. Y es que unos mensajes por WhatsApp de 2014 difundidos hace unas semanas revelaron que Léo Pinheiro, titular de la brasileña OAS en ese entonces, coordinó acciones con Giselle Zegarra, ex funcionaria municipal de la gestión de Luis Castañeda, para no suscribir el referido acuerdo.

Ese año Castañeda fue elegido alcalde de Lima y una de sus primeras acciones fue, a través de una adenda, sustituir Río Verde por el by-pass. La obra se realizó con el fideicomiso de US$74.5 millones, pero hasta hoy se desconoce cuánto costará.

El legislador de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, adelantó a Perú21 que Villarán deberá informar por qué durante su gestión se pagó una multa de 142 millones de dólares a la citada compañía, penalidad "por la que todos los usuarios tenemos que poner de nuestro bolsillo a través de los peajes".

Salaverry aseguró que se le "harán preguntas objetivas", como sucedió con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien la semana pasada asistió a la misma comisión por el mismo caso.

Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Richard Arce, señaló que con los descargos de la ex burgomaestre se podrán conocer detalles de cómo se sucedieron los hechos en torno al mencionado proyecto vial.

"Esperemos que se profundice la investigación a todo nivel. Con su auditoría la Contraloría también podrá dar alcances de todo este caso", señaló a este diario.

No es posible que no se conozca cuánto nos está costando a los limeños el by-pass de 28 de Julio. La modalidad fast-track bajo la que se ejecuta no impide conocer la real inversión del proyecto, porque esta figura legal solo permite adelantar la obra mientras se regularizan algunos documentos que no son fundamentales.

Lo que demuestra la gestión de Luis Castañeda es que no quieren decir el costo real o no quieren soltar la cifra porque puede ser bastante controvertida. En todo caso, están evitando dar información que es de interés público.

Los voceros de la alcaldía dijeron en un primer momento que el by-pass costaría 60 millones de dólares. Si es así, sería un escándalo porque el Puente Villena, en Miraflores, costó apenas 20 millones de soles. Esta es una cuestión elemental y la Contraloría debe actuar con severidad.