Consejo de la Prensa pide revisar orden de detención contra editora de Perú21
Consejo de la Prensa pide revisar orden de detención contra editora de Perú21

Como consecuencia de la detención del periodista Rudy Palma Moreno, redactor de la sección de Economía del diario Perú21, identificado como autor del ingreso irregular a los servidores y cuentas de correos de diferentes ministerios y de funcionarios públicos, y ante la confusión que viene generando la manera como se realizan recientes diligencias a cargo de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial ante en este lamentable suceso, el Consejo de la Prensa expresa ante la opinión pública lo siguiente:

  • Reiteramos que nuestra institución no avala la interceptación ilegal de las comunicaciones ni se no se opone a que el Poder Judicial sancione ejemplarmente a quienes infringen la ley y vulneran el derecho constitucional a la intimidad.
  • Rechazamos, sin embargo, el mandato de detención resuelto por la jueza Delia Flores Gallegos, del Juzgado Penal de Turno, contra Gina Sandoval Cervantes, editora de economía del diario Perú21, por el solo hecho de ser jefa inmediata del periodista involucrado, quien además atestiguó que actuó solo y por propia voluntad.
  • El Consejo de la Prensa Peruana considera inaceptable que, pese a no existir ninguna normativa que lo justifique, la justicia encuentre implícito o pretenda que profesionales, como son los editores de un diario, deban vigilar de manera absoluta el comportamiento individual de los periodistas bajo su competencia e inclusive vulnerar el derecho constitucional al secreto de la fuente.
  • Saludamos el hecho que los directivos del diario Perú21 hayan deslindado inmediatamente con los actos del redactor Palma y colaborado desde el inicio de las investigaciones con las autoridades.

Por lo expuesto, el Consejo de la Prensa Peruana hace un llamado al Poder Judicial a que evalúe con prudencia el desarrollo de los sucesos, revise la orden de detención contra la periodista Sandoval y ofrezca las garantías de un debido proceso.

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