El Pleno del Congreso aprobó hoy en dos votaciones consecutivas el polémico proyecto de ley que sanciona con cuatro años de cárcel a los que difundan una interceptación telefónica que "no tenga un contenido delictivo perseguible" o que "contravenga el ordenamiento legal vigente", con lo que la iniciativa, que presentó el legislador Javier Bedoya de Vivanco –con el aval de la bancada de Alianza Por el Gran Cambio– quedó expedita para que el Ejecutivo la promulgue u observe.
El proyecto, que modifica el artículo 162 del Código Penal, obtuvo 93 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones en la primera votación y en la segunda, 87 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones.
"El que, indebidamente, interfiere, escucha o difunde una comunicación privada, independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años", señala el texto de la iniciativa.
En concreto, los medios de comunicación deberán trabajar bajo la amenaza de un proceso judicial, ya que cualquier funcionario corrupto podría escudarse en que se trata de una "comunicación privada" para evitar la difusión de un audio que lo involucre en actividades ilícitas.
REACCIONESEl Asesor legal del Ipys, Roberto Pereira, dijo que, tal como está redactado, el proyecto afecta la libertad de prensa e información, porque hay muchos casos que no tienen una naturaleza delictiva –que son los únicos que la ley exonera– pero sí de interés público que no se podrían difundir, como, por ejemplo, una conversación privada en la que un "funcionario revela su incapacidad absoluta para ejercer un cargo".
En tanto, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, mostró su respaldo a la medida, negó que se trate de una 'ley mordaza' y recomendó a los medios a tomar sus previsiones "(Antes de publicar algo) yo preferiría tener un documento del Ministerio Público que me diga que hay todos los indicios para un delito", dijo en Canal N.
En un intento por defender su posición, el legislador dijo que el 'chuponeo' es un acto ilícito. "Todo lo relatado en el tema de los 'petroaudios' no tiene ningún valor jurídico", alegó, tras señalar que los medios formales no podrían difundir el material obtenido por interceptación, pero sí terceras personas a través de diferentes herramientas de comunicación, porque eso "no está regulado".