Conare-Sutep admite vínculos con Movadef

Apelando a la democracia que el mismo terrorismo repudia, el presidente del Comité Nacional de Reconstrucción y Reorientación (Conare) del Sutep, Efraín Condori, reconoció que *sí hay afiliados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso que promueve desde el 20 de junio pasado protestas y manifestaciones en las regiones del sur del país.

"Nosotros entendemos que el Sutep es un frente y en ello caben todas las opciones políticas, así sean del Modavef, de Izquierda Unida, apristas, toledistas o fujimoristas", dijo Condori.

Condori aceptó ser integrante de este movimiento pro terrorista que aboga por la libertad del genocida Abimael Guzmán. A pesar de esto, negó que el "espíritu individual" de las tendencias políticas de los miembros guíe las protestas, al asegurar que están reunidos para defender únicamente los derechos de los maestros.

CAMPAÑA NEGRAEl dirigente del Conare-Sutep, grupo que en los días pasados protagonizó bloqueos de carreteras en Puno y amenazó con tomar Machu Picchu, denunció que existe una "campaña negra" emprendida por el Gobierno orientada a descalificar y silenciar su protesta.

"En definitiva esa es la pretensión que han venido desarrollando. Primero la han silenciado, segundo la están desvirtuando y tercero van a buscar encarcelar a los dirigentes y eso es lo que nosotros rechazamos", sostuvo en declaraciones a Canal N.

DENUNCIARÁN A INFILTRADOS EN PROTESTASEsto último fue en referencia al anuncio de la Procuraduría Antiterrorismo, que denunciará por apología al terrorismo a los infiltrados en protestas sociales que tienen vinculaciones con Sendero Luminoso y el MRTA.

El procurador Jorge Galindo dijo que esta semana armará la carpeta de pruebas que le permita tomar una acción legal sobre la infiltración. "Yo, desde hace mucho tiempo, vengo sosteniendo que la gente de Sendero y el MRTA está detrás de los problemas sociales", dijo a El Comercio.

Entre los reclamos del Conare-Sutep figura el pago "inmediato" del 30% por preparación de clases y evaluaciones, el aumento de los salarios, la ampliación de ley 24029 (Ley del Profesorado) y la derogatoria del decreto supremo que impide a los condenados por terrorismo dicten clases.