Increíble. Luego de la escandalosa denuncia de que el recluso Rodolfo Orellana cuenta con su propio estudio de abogado en el penal de Challapalca, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) informó ayer que recién está evaluando su inhabilitación. Su Consejo de Ética se reuniría hoy para decidir la situación del reo, quien es procesado por encabezar una red de tráfico de terrenos y lavado de activos.
Tras la publicación de Perú21, que dio cuenta de la resolución de un juzgado de Tacna que obligó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a acondicionar una oficina para Orellana, la decana del CAL, María Elena Portocarrero, reconoció que este no debería ejercer su profesión.
“Con respecto al ámbito laboral, básicamente es cierto que una persona tiene derecho a laborar, pero ese derecho debe estar restringido al ámbito de lo que establece el INPE, máxime si esta persona está cuestionada por su rol como abogado”, señaló Portocarrero.
No obstante, dijo que recién se estaba analizando –desde el Consejo de Ética y la Comisión de Ética– cuál era la situación de esta persona. Esto pese a que –además de todos los delitos que se le imputan a Orellana– ya había un proceso abierto contra este agremiado, el cual –según la propia decana del CAL– fue archivado.
ADVIERTE PELIGRO
De otro lado, Javier Llaque, vicepresidente del INPE, alertó que cumplir con la resolución emitida por un juzgado de Tacna representa un “peligro y riesgo total” para la seguridad de la cárcel de Challapalca.
“Cuatro agentes penitenciarios tienen que escoltar a cada uno de los clientes de Orellana. Esto es muy peligroso, pues ellos son llevados de un pabellón a otro. Es una barbaridad, pues podrían coordinar diversos temas, hasta un posible motín”, afirmó el funcionario.
Confirmó, además, que Orellana tiene cuatro clientes, entre ellos el burrier británico Wain Radford y Víctor Orches Espinoza, alias ‘Bocón’, quien es cabecilla de la banda criminal Los Cagaleches. Además, estaría negociando para representar al narcotraficante Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.
“Él los atiende en una oficina de tres metros de largo por tres de ancho. Tiene un escritorio y sillas para sus defendidos. Lo hace todos los martes, una vez a la semana”, sostuvo.
El vicepresidente de esa institución contó que Orellana quería trabajar como abogado desde el año pasado, pero que el INPE se lo impidió. Entonces, el recluso presentó un hábeas corpus ante el Juzgado de Tacna y fue la magistrada Indira Condori, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de esa región, quien el 2 de abril último declaró fundada la demanda.
“Orellana consiguió la autorización judicial de esta jueza, que para nosotros es nefasta y absurda. Ella ha cometido un error, ha interpretado mal las normas y debe ser investigada”, dijo. Exhortó a la Sala de Apelaciones de Tacna a que revoque la citada resolución judicial.
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