Colectivos exigen implementar protocolo especializado para la atención de mujeres desaparecidas

En este contexto se lanza la campaña ‘¡Búscalas!’, impulsada por Amnistía Internacional Perú, CMP Flora Tristán, Articulación Feminista Marcosur y con el apoyo de Cuso Internacional y la Unión Europea, exigen que el Estado y las instituciones competentes actúen de forma eficiente e inmediata en la búsqueda de las mujeres desaparecidas.

“Con esta campaña queremos compartir el dolor de todas las familias y personas que buscan a sus seres queridos que han desaparecido. Exigimos a las autoridades celeridad, verdad y justicia. Una vez más sostenemos que la justicia que tarda no es justicia”, indicó Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán.

De esta manera, destacó la importancia de poner sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer el Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas con enfoque de género. Actualmente, existe una demora en la atención de los casos que pone a las mujeres en un riesgo inminente frente a otras formas de violencia como: la trata de personas, la explotación sexual, el feminicidio, la violencia sexual, entre otros.

De acuerdo con el RENIPED, en los últimos cinco años se han reportado 98 266 de personas desaparecidas, de las cuales el 63% (61 941) fueron mujeres. Asimismo, se identificó que el 87% de mujeres desaparecidas oscilan entre los 12 y 17 años durante el mismo periodo. Las regiones con mayores índices de mujeres desaparecidas son Lima, Cusco, Lambayeque, Junín y Arequipa.

“Lamentablemente, el Estado actúa de manera ineficiente en la búsqueda de estas mujeres, por ejemplo, en las comisarías donde se desconoce la importancia de aceptar las denuncias e iniciar la búsqueda inmediata. Además de eso, se dificulta el proceso debido por el desconocimiento de las familias acerca de las obligaciones del Estado y el derecho que tienen las víctimas a ser buscadas de manera inmediata y sin prejuicios”, señaló Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Las organizaciones destacaron que, aunque se cuente con normativa especial para actuar sobre la desaparición de personas, es necesario fortalecer los esfuerzos estatales para mejorar los procesos de búsqueda e investigación. Asimismo, resaltaron que es obligación del Estado actuar con la debida diligencia, desplegando todos los esfuerzos y recursos estatales para la búsqueda, partiendo de la premisa de que la persona se encuentra en grave riesgo, sobre todo en contextos de violencia de género.

Finalmente, destacan que las investigaciones deben darse sin revictimización, sin replicar estereotipos de género o negar la violencia de género que afecta la vida de miles de mujeres en el país y que se encuentra vinculada con su desaparición.