El atentado en la clínica Ricardo Palma, en San Isidro, perpetrado la mañana del martes por los hermanos Claudia y Lenin Benites Aguirre, y que dejó 35 heridos, habría estado motivado por una serie de deudas y procesos legales que, poco a poco, han sido revelados.
Percy Benites, el mayor de los hermanos, narró, en la puerta de la clínica, cómo la muerte de su madre Victoria Aguirre Oviedo –por una presunta negligencia médica– afectó a su familia, en especial a su hermana Claudia, quien necesitó tratamiento psiquiátrico e incluso dejó de lado sus planes de matrimonio.
Señaló que si bien no justificaba la acción de sus hermanos y, es más, la rechazaba, lo que vivieron fueron años de injusticia. Contó que ellos iniciaron un proceso ante Indecopi cuando su madre aún estaba viva. “Alquilamos una casa (cerca de la clínica). Nos turnábamos para cuidarla”, manifestó.
Dijo que la mencionada institución les dio la razón y aplicó tres sanciones a la clínica. Una por no diagnosticar a tiempo el mal; otra por no practicar a la paciente los exámenes preoperatorios ni darle las medicinas para controlar la hipertensión endocraneana; y una tercera por no darle los cuidados necesarios cuando estuvo en UCI.
En total, una multa de 96 UIT que, al cambio actual, serían S/398,400.
Paralelamente, los Benites Aguirre siguieron procesos por las vías civil y penal. Percy Benites contó que el proceso estuvo cinco años en la Fiscalía para que, finalmente, la fiscal Elizabeth Figueroa decidiera su prescripción.
La clínica no se quedó atrás. En 2011, interpuso una demanda en el 5° Juzgado del Callao contra los hermanos para que paguen los S/275,000 por las atenciones a Victoria Aguirre. Este juicio, a la fecha, no se resuelve.
En medio de esto, se supo que, a mayo de este año, según Inforcorp, Lenin Benites tiene una deuda de S/170,462 y Claudia de S/660,285, la mayoría generada por el tratamiento de su madre.
DELITO DE PELIGRO COMÚN
De otro lado, la Segunda Fiscalía de San Isidro dispuso que la Dirección de Seguridad del Estado investigue a los autores del atentado por el presunto delito de peligro común agravado. El penalista Mario Amoretti dijo que este delito se sanciona con penas de tres a diez años de prisión. Si se trata de la forma agravada, sería de seis a 15 años.
En tanto, el penalista Luis Lamas Puccio señaló que si bien se ha abierto una investigación por peligro común, más adelante podría configurarse el delito de tentativa de homicidio calificado. En este caso, la sanción va de 15 a 35 años.
CLÍNICA TIENE 22 SANCIONES POR MÁS DE S/1'130,000
Desde 2014 a la fecha, el Indecopi impuso a la clínica Ricardo Palma 22 sanciones administrativas por negligencias médicas, entre ellas tres del caso de la familia Benites Aguirre. En total, deben pagar más de S/1’130,000 (272.50 UIT).
Así lo informó un vocero de esa entidad, quien precisó que dicho centro de salud ha recibido las citadas sanciones por mala praxis en las consultas, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.
“Las denuncias de estos casos ingresaron al Indecopi entre 2013 y 2015, y se han ido resolviendo hasta este año”, indicó tras precisar que 18 de las sentencias fueron dictadas por la Sala Especializada de Protección al Consumidor. La clínica no respondió respecto al proceso que tiene con los hermanos Benites.