Más de 21 mil denuncias por delitos informáticos se han reportado entre octubre de 2013 hasta julio del 2020 y los casos se incrementaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, informó el Ministerio Público. Para hacer frente a este delito, la Fiscalía contará desde mañana con el primer Laboratorio de Cibedelincuencia que requiere en el proceso de su investigación.
Entre los delitos más denunciados en las diferentes fiscalías son los fraudes informáticos, las estafas virtuales, y las suplantaciones de identidad, entre otros que forman parte de lo que se denomina “ciberdelincuencia”, precisó la Fiscalía.
Como recuerda, debido a que los casos iban en aumento y no había una fiscalía especializada, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera creó a comienzos de año la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público con competencia nacional, asignándole funciones para afrontar esta sofisticada forma de delincuencia.
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Así también dispuso la creación de la “Red de Fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional”, integrada por 67 fiscales que reciben capacitación internacional en este tipo de criminalidad al igual que el personal de la Unidad.
Ante este delito informático que va en aumento, el Ministerio Público desde mañana contará con el Laboratorio de Ciberdelincuencia que se pondrá disposición de los fiscales que tendrán acceso a herramientas de investigación para acceder a información fiable y verificable que les permita esclarecer los delitos cibernéticos e identificar a los presuntos autores durante sus investigaciones.
Este laboratorio brindará al fiscal la privacidad y el anonimato que requieren en el proceso de su investigación frente a la amenaza de código malicioso, acceso a la web oscura a través de herramientas especializadas y obtener valores Hash de las evidencias digitales recopiladas con la finalidad de asegurar la integridad de las mismas.
Además, con los equipos y el software instalados podrán preservar la seguridad de la red institucional al utilizar un enlace alterno a internet y solicitar a los proveedores de servicios internacionales la conservación de la información que requieren para realizar su labor fiscal.