César Alva Mendoza, el confeso asesino de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, ya cargaba con un historial de dos denuncias por violación sexual antes del macabro crimen, pero a pesar de ello seguía libre.
El abogado penalista, Renzo Vinelli, sostiene que la competencia le pertenece a la fiscalía. "La denuncia no genera una prisión preventiva inmediata. El fiscal realiza una investigación preliminar y, una vez culminada, el caso pasa al poder judicial con el sujeto detenido o en libertad", explicó a Perú21.
En abril de 2014, el responsable de la muerte de la menor de 11 años, fue denunciado por golpear y ultrajar a una adolescente de 17 años de nombre María. Ella se perdió en San Juan de Lurigancho en el momento que regresaba a su casa fue captada por el sujeto en el paradero Wiesse y posteriormente llevada a un cuarto en la avenida Central, donde se cometió el delito.
En septiembre de 2016, fue nuevamente acusado de violar a una mujer de 28 años en la zona de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho después de acudir a una casa multifamiliar a cobrar una deuda. El hombre de 37 años aprovechó que la víctima no podía salir del segundo piso por estar cerrada la puerta, la cogió del cuello y la arrastró hasta su habitación.
El penalista del estudio Benitez Ugaz resalta que el violador está libre porque la fiscalía, en su momento, no pidió prisión preventiva. "No sé si no hubo suficientes pruebas, no sé si hubo desidia, la responsabilidad de una medida de prisión preventiva viene del fiscal, si no la pide, él tiene que saber por qué", señaló.
Además resaltó que, en este caso, el violador ya no podrá salir libre porque hay elementos de convicción y confesión; hay un peligro procesal, ya que ha huido y ha sido detenido en Ica; y la pena que corresponde es cadena perpetua.