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Redacción PERÚ21

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El presidente del Poder Judicial, , y el presidente ejecutivo del , Carlos Díaz Mariños, firmaron un convenio para que esta entidad expida y entregue los certificados de antecedentes penales. La medida beneficiará a más de 650 mil ciudadanos de 20 ciudades del país.

"Gracias este acuerdo, el Banco de la Nación pone a disposición del Poder Judicial y de la ciudadanía unas 563 agencias donde se podrá obtener los antecedentes sin mayores preámbulos y con simpleza", comentó.

En un primer tramo, la entidad bancaria ha puesto a disposición de los usuarios 20 agencias ubicadas en las ciudades de Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, Huancavelica, Huanta, Ica, Iquitos, Lima (Javier Prado y Oficina Principal), Pichari, Piura, Pucallpa, Puno, San Francisco (Ayna), San Miguel, Sivia, Tacna y Trujillo.

Para realizar el trámite en los locales antes citados, solo se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y pagar la tasa y comisión correspondiente.

Por otra parte, Mendoza anunció que su gestión identificó diez problemas paradigmáticos en los servicios judiciales, los cuales serán reformados mediante resoluciones administrativas y, de ser necesario, con iniciativas presentadas al Congreso. Dijo que el objetivo es evitar al ciudadano "trámites farragosos".

"Hemos identificado hasta diez materias que necesitan ajustes y de una reingeniería procesal. A través del Banco Mundial se ha podido identificar lagunas o situaciones que prolongan los procedimientos en casos muy conocidos", refirió.

Mendoza explicó que la demora en estos trámites "es el principal problema del Poder Judicial" porque atados a estos están "las corruptelas en las que también participan los ciudadanos".

"Si nosotros logramos ahorrar tiempo y dar el servicio con rapidez, estos actos (de corrupción) pueden bajar indudablemente", agregó.

Señaló que entre los casos identificados están los referidos a violencia familiar, alimentos, pago de beneficios sociales, omisión de asistencia familiar, hurto agravado, violación de libertad sexual, divorcio por causal, amparo y ejecución de garantías.