De esta manera, se podrá cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia que emitió el año 2006 en el caso La Cantuta y, sobre todo, dar respuestas concretas a los familiares que por casi 30 años están buscando conocer el último paradero de las víctimas aún desaparecidas, así como lograr la plena identificación de los mismos para realizar la entrega de restos a sus familiares.